El Gobierno Nacional sumó un nuevo frente a raíz de la Ley Ómnibus, ya que trabajadores de la Defensoría del Público rechazaron el cierre del organismo, el cual está encargado de defender la libertad de expresión y el derecho de las personas a estar informadas.
A través de un comunicado difundido por la Defensoría del Público, expresaron que en caso de cerrarse, «las audiencias de radio y televisión de todo el territorio nacional pierden su derecho a reclamar y expresarse», por lo que solicitan ser consultados en el marco del debate por el Congreso Nacional, destacando que es una posibilidad que se le dio al resto de los organismos públicos involucrados en la Ley Ómnibus.
En este marco, en el comunicado pidieron a las «diputadas y diputados poder ser escuchados y que conozcan nuestro trabajo, antes de votar este proyecto».
Detallando un poco más sobre sus trabajos, destacaron que «cuando una persona percibe que en un medio de comunicación se difunde información inexacta o que vulnera sus derechos, reclama ante la Defensoría y ésta interviene facilitando el diálogo y la reparación, sin que esto involucre sanción alguna».
En esta misma línea, resaltaron que fueron «convocados nacional e internacionalmente para participar de debates actuales sobre el acceso a la comunicación de personas con discapacidad, comunicación y salud mental, información sobre el delito de trata de personas y los medios de comunicación y las infancias».
Además, advirtieron que en caso de cerrarse, “desaparecen todas las propuestas de capacitación gratuitas y federales” que ofrecieron en todo el país. Entre algunas de ellas, se encuentran sobre la educación en medios, o cómo hacer una comunicación accesible.
Por este motivo, y ante el gran peligro que corre la Defensoría del Público, comenzaron a juntar firmas para evitar su cierre.
Comentarios