El proyecto de «Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los argentinos» comenzó a ser debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ¿de qué trata específicamente esta Mega-Ley?
En el texto de la misma hay cuestiones tributarias, de reforma electoral y penal que el Gobierno no podía constitucionalmente legislar por decreto, pero también coló allí todo tipo de cuestiones de la más diversa índole, lo cual fundamenta los planteos de la oposición sobre la irregularidad del procedimiento.
En su artículo primero, el proyecto señala que tiene por objeto «promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales«.
«La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia» durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir por todo el mandato de Milei.
Este es uno de los puntos más polémicos y es resistido no solamente por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda sino además por la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Las dos últimas fuerzas estarían dispuestas a acompañar una delegación de facultades por un año con posibilidad de otra prórroga de un año.
«Esto es lo que se hizo siempre, y los resultados son los que vemos. Si no se prueba algo diferente, los resultados van a seguir siendo los mismos«, advirtieron desde La Libertad Avanza.
El incremento del nivel de retenciones, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la implementación de un modelo electoral de uninominalidad de circunscripción, y los cambios a la Ley Federal de Pesca son otros temas que generan un nítido rechazo de todo el arco opositor.
El plan de privatizaciones masivas es apoyado por el PRO, en tanto que la UCR solamente aceptaría acompañar algunas privatizaciones puntuales, pero no todo el paquete de 41 empresas estatales. Lo mismo sucede con la eliminación de las PASO: apoyo del PRO, incomodidad en la UCR.
La iniciativa también contempla un blanqueo de capitales y la creación de un «Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales«, así como cambios en las Leyes de Hidrocarburos e Hidrocarburos, y la fusión de los entes reguladores del Gas Natural y la Energía.
En lo que refiere a las modificaciones al Código Penal, se agravan las penas por cortes y piquetes, se endurecen sanciones contra los organizadores de las movilizaciones, exige notificación para reuniones en el espacio público de tres o más personas, y hay cambios en la legítima defensa.
Además, se prevén modificaciones en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.
Otro aspecto singular son los cambios en materia de educación, al permitir el arancelamiento de los estudios de educación superior para estudiantes extranjeros no residentes en el país, y el establecimiento de un examen integrador de matemáticas y lecto-comprensión al finalizar la secundaria.
Se faculta asimismo una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.
También hay modificaciones a la normativa sobre financiamiento del INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito
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