El municipio fueguino de Ushuaia se convirtió esta semana en el quinto distrito del país en prohibir las redes de comunicaciones 5G hasta que estudios científicos demuestren su inocuidad tanto para los seres humanos como para el ambiente y con esta medida desató un debate sanitario sobre la utilización de este tipo de tecnologías.
La llamada quinta generación de comunicación inalámbrica, cuyo espectro radioeléctrico fue licitado en Argentina en octubre, plantea un salto exponencial en la velocidad y volumen del intercambio de datos que tendrá incidencia directa en múltiples campos de acción como los procesos de automatización, la inteligencia artificial o la interacción de dispositivos.
A nivel mundial, las principales objeciones a este salto tecnológico han estado relacionadas a cuestiones geopolíticas.
Básicamente debido a la preponderancia de empresas chinas como Huawei y la estatal ZTE en el desarrollo de patentes y la instalación de infraestructura, derivó en sospechas de espionaje y llevó a varios países como Reino Unido y Canadá a prohibir o limitar, no la tecnología, sino el desembarco de esas compañías en los estados involucrados.
Otra objeción al 5G surgió del ámbito aeronáutico cuando empresas aéreas de Estados Unidos como American Airlines, Delta o United plantearon el riesgo de que la tecnología 5G opera en frecuencias cercanas a la de los instrumentos de navegación de las aeronaves, como los radioaltímetros, y recomiendan que esas redes se instalen a distancias prudenciales de los aeropuertos.
Sin embargo, la ausencia de estudios científicos categóricos y actualizados también comenzaron a generar dudas sobre el eventual impacto de estos nuevos flujos radioeléctricos en la salud de las personas y en el medio ambiente.
La agrupación Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones (Corte) es una de las que se ha decidido a plantear este debate en el país, y sus referentes en Tierra del Fuego fueron los que impulsaron la ordenanza restringiendo el desarrollo de las redes 5G en Ushuaia.
La normativa sancionada por el Concejo Deliberante el 6 de diciembre, y promulgada a fines de ese mes, establece a la ciudad como «zona libre de radiaciones provenientes de la tecnología de comunicaciones de quinta generación (5G) y toda tecnología de transmisión de datos de generaciones subsiguientes», según el texto al que accedió Télam.
Según la medida, el municipio «no emitirá ningún tipo de autorización de obra, instalación o similar para el despliegue de la tecnología» por imperio del «principio precautorio en materia de salud y ambiente».
La ordenanza 6317 prohíbe el 5G «hasta tanto se presenten estudios médico científicos y epidemiológicos que demuestren la total inocuidad de estas radiaciones».
Entre sus fundamentos, la prohibición indica que en el país «no existen estudios que aseguren la inocuidad de las radiaciones de las radiofrecuencias provenientes de las telecomunicaciones celulares para los ciudadanos expuestos a largo plazo».
La falta de estudios categóricos pareciera ser un argumento que juega a favor de los activistas y en contra de la tecnología 5G.
El informe de la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró -en 2020- que «no se ha relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas ningún efecto adverso para la salud», aunque el organismo también advirtió que «solo unos pocos estudios se han llevado a cabo en las frecuencias que utilizará 5G».
El documento publicado en la sección de la web de la OMS «Q&A Detail», en formato de preguntas y respuestas, aclara que la tecnología 5G «se encuentra actualmente en una etapa temprana de implementación» y que «el alcance de cualquier cambio en la exposición a los campos de radiofrecuencia aún está bajo investigación».
Por su parte, un estudio de la científica italiana Fiorella Belpoggi para el Grupo de Expertos sobre el Futuro de la Ciencia y la Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo planteó -en junio de 2021- riesgos concretos de desarrollo de algunos tipos de cáncer y problemas de fertilidad ante la exposición a determinadas gamas de frecuencias electromagnéticas ligadas a las telecomunicaciones.
Es por eso que la ordenanza de Ushuaia señala que los estudios científicos dirigidos a habilitar el 5G deberán estar «avalados por las recomendaciones no opuestas entre sí, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional Sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF) y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Europarlamento».
Martín Gendler, becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y especialista en el desarrollo de redes 5G en el Cono Sur, admitió a Télam que los organismos internacionales son coincidentes «en la falta de suficiente evidencia empírica acerca de la relación entre el uso de esta tecnología y problemas de salud».
Según Gendler, de todos modos, las prohibiciones deberían tomarse «con cierta cautela», y consideró que «lo más recomendable es que haya ciertas demandas, especialmente al Estado, para que se empiecen a ejecutar este tipo de estudios que en la Argentina tenemos capacidad de hacer».
«Es mejor tomarse el tiempo para hacer una evaluación efectiva para evitar que la salud de los ciudadanos pueda ser comprometida, pero entendiendo también que al decretar una prohibición se corre el riesgo de caer en la desconexión», agregó el experto argentino.
En ese sentido, el investigador remarcó que la tecnología 5G es la «columna vertebral del ecosistema 4.0» y que su implementación se relaciona directamente con la inteligencia artificial, los sistemas ciberfísicos, los sensores, la minería a distancia y las cirugías en tiempo real, entre otras aplicaciones.
«El 4G utiliza ondas de hasta 3Ghz de frecuencia, mientras que el 5G usa ondas de muchísima más magnitud, que van desde los 4 y hasta los 26 e incluso 32Ghz», describió Gendler.
El especialista consideró que el caso de Ushuaia puede ser una «buena oportunidad» para despejar las dudas que existen sobre los riesgos a la salud, y llamó a «poner el foco» en estas cuestiones.
Los argumentos de los ambientalistas
«No es que queramos prohibir el progreso. Hay mucha gente que no entiende que esta tecnología no fue probada y que ya ha traído problemas en algunos lugares», explicó a Télam Alejandra Guerrero, miembro de la asociación Corte en Tierra del Fuego.
La entidad documentó durante el debate legislativo en la capital fueguina que varios estados municipales del mundo sancionaron ordenanzas similares, y que en Argentina existen regulaciones similares «en la Comuna de Lechmann (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos), Azul (Buenos Aires) y Capilla del Monte (Córdoba)».
Guerrero adelantó, incluso, que un proyecto similar fue presentado ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande, en el norte provincial, y se encuentra «bajo análisis», por lo que las restricciones podrían ampliarse «tanto en la provincia como fuera de ella», adelantó.
Mientras tanto, el proceso de instalación de las redes 5G en el país se encuentra en marcha desde octubre, cuando el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) formalizó la adjudicación de bandas de frecuencias para la prestación del servicio a las empresas Telecom, AMX (que opera con el nombre comercial Claro), y Telefónica (Movistar), a través de la resolución 1473/2023.
El ex ministro de Economía Sergio Massa indicó -durante su gestión- que cada empresa tiene previsto invertir alrededor de US$ 1.000 millones en el despliegue de antenas y de fibra óptica necesaria para dar servicios con esta tecnología.
Télam se comunicó con representantes de las tres compañías (Telecom, Claro y Movistar) pero todos optaron por no hacer comentarios sobre la ordenanza sancionada en Ushuaia y acerca del debate sanitario y ambiental derivado de la normativa.
(Gabriel Ramonet/Télam)
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