El 31 de julio de 2018 Mendoza se transformó en la primera provincia argentina en regular la actividad de la plataforma de transporte Uber. El hecho generó controversia y provocó la reacción de taxistas y agencias de remis de la zona.
De ese tiempo a esta parte ha habido sentencias y resoluciones para un lado y para el otro. Hace cinco años, en un resonante fallo, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una sentencia que sostenía que “quienes conducen vehículos para UBER desarrollan una actividad comercial lícita”. También se inclinó hacia ese lado de la biblioteca la Justicia salteña, que en septiembre de este año intervino tras el secuestro y infracción a un chofer de la aplicación: se dejó sin efecto la sanción impuesta y se ordenó la devolución de todo lo abonado por el chofer en concepto de multa.
Pero hay para todos los gustos y el último movimiento de este ajedrez jurídico fue bastante resonante. En un exhaustivo fallo de 285 páginas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 15 de la justicia porteña, a cargo del juez Víctor Trionfetti, declaró que el servicio de Uber es ilegal.
Sin embargo, en todos los casos, las sentencias no son meramente prohibitivas ni dan piedra libre al funcionamiento de la app, más bien lo contrario: se exhorta al Estado a regular la actividad.
La discusión que se da en Tierra del Fuego se replica en otras provincias, con distinta suerte y diferentes estados: en CABA funciona al margen de la ley, en Córdoba se insta al Estado a implementar herramientas que regulen la actividad, en Tucumán se habilitó la aplicación y luego se derogó la norma, en Formosa la semana pasada el Concejo Deliberante admitió la utilización de estas aplicaciones del transporte y, también en los últimos días, Catamarca se transformó en la segunda provincia en intervenir y brindar un marco normativo.
En el caso de la ciudad de Río Grande, la realidad transita dos caminos, casi paralelos: por un lado, en el Concejo Deliberante se buscó incorporar una ordenanza que ordene y regule el funcionamiento de Uber (y Cabify, DiDi o las plataformas que quieran llegar) no llegándose a los consensos necesarios para darle tratamiento, al menos con la actual composición de concejales que finalizan su mandato el próximo 14 de diciembre y habrá que esperar para ver qué deciden aquellos concejales q asumirán por los próximos 4 años; por el otro, los choferes y usuarios de Uber sostienen que van a llevar a la justicia fueguina su caso, esperando una resolución judicial que responda a las demandas presentadas dado que las infracciones y secuestros de sus vehículos que se deben a una ordenanza sancionada por el concejo deliberante en el año 2016 y que sostienen es inconstitucional por afectar el libre ejercicio del comercio y su derechos a trabajar.
En el plano provincial, a mediados de año la Legislatura fueguina anticipó el tratamiento de una «ley antiUber» presentada por taxistas, pero su debate se vio postergado por no tener los consensos necesarios.
Y no es de extrañar. Uber lleva apenas unos meses de funcionamiento en Tierra del Fuego y ya cuenta con más de diez mil usuarios activos, vecinos que libremente eligen periódicamente la aplicación.
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