En todos los niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, ha causado gran preocupación uno de los primeros anuncios realizados por el presidente electo, Javier Milei en cuanto a la paralización por completo de la obra pública que financia la Nación.
Según palabras del libertario, el Estado nacional no tiene fondos para afrontarla y serán los intendentes y gobernadores quienes tendrán que buscar por sus propios medios el modo de financiar las obras en ejecución.
Esta preocupante iniciativa se inscribe en la intención de Milei de recortar en un astronómico 15% del PBI los gastos del Estado. Una reducción que no encuentra precedentes en toda la historia nacional.
En Tierra del Fuego, tanto en el orden provincial como municipal, advierten la evidente dificultad al respecto, teniendo en cuenta principalmente que, al menos tanto en la gestión de Gustavo Melella como en la de Martín Perez en Río Grande, la obra pública es, sin dudas, el pilar fundamental, de la administración, en términos económicos, pero fundamentalmente en el aspecto laboral, por la ocupación de mano de obra genuina que genera.
Los últimos 4 años, la sinergia entre la nación y el municipio de Río Grande, por caso, ha resultado en una asistencia nacional de más de $10,000 millones para avanzar en distintas obras en beneficio de los vecinos. El centro deportivo de Chacra 4, el Centro Integral para la Mujer, el Centro de Salud de Chacra 11, la nueva terminal de ómnibus, el nuevo natatorio municipal, el mercado municipal ex Fénix, son algunos de los ejemplos en términos edilicios en la ciudad del norte provincial.
También en materia vial y de infraestructura, el aporte del Gobierno central ha sido crucial para el avance de muchas obras en ese sentido en Río Grande. Cordones en el barrio CGT, pavimentación y cordón cuneta en distintos lugares de la ciudad, en el parque industrial también, infraestructura hídrica y sanitaria en el barrio Centenario, la defensa costera, una obra emblemática de la gestión Perez, la infraestructura pluvial del canal Islas Malvinas, la urbanización del Centenario y más infraestructura para el parque industrial, son iniciativas que solo se pudieron llevar adelante con la asistencia financiera de la Nación y la gestión municipal.
A partir de ahora, el horizonte solo presenta oscuros nubarrones en esta materia.
En sentido paralelo, tanto en el municipio de Río Grande como en la provincia celebraron la iniciativa de los gobernadores que en estos días solicitaron al presidente saliente la inmediata incorporación de una determinada cantidad de impuestos en el presupuesto nacional, para compensar la pérdida que les causa la elevación del piso de impuesto a las ganancias. Los mandatarios buscan asegurarse antes de que culmine el Gobierno de Alberto Fernández un flujo de fondos que al menos les permita seguir sosteniéndose en sus administraciones. Y eventualmente poder concluir las obras en marcha.
Para el futuro, y si bien en público todos los mandatarios respetan la decisión soberana del electorado y alientan a la nueva gestión, en privado la preocupación es altísima. Y las perspectivas, francamente pesimistas.
En el caso de Tierra del Fuego, los ejecutivos recientemente refrendados en elecciones. Se encuentran frente a un panorama de cuatro años de extrema dificultad para afrontar los planes que ya tenían diseñados, para otro contexto.
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