A través de un breve escrito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja presentada por los municipios de Tierra del Fuego y rechazó los argumentos que habían llevado a que estos presentaran un recurso extraordinario para seguir percibiendo el Impuesto Inmobiliario
Y es que en el año 2016, la entonces gobernadora Rosana Bertone impulsó una modificación clave al status quo: la mandataria sostenía activamente que este tributo correspondía a la Provincia, a pesar de lo que establecía, por ejemplo, la Carta Orgánica de Río Grande.
En el artículo 66 de esta, se indica que son recursos municipales los provenientes de «la recaudación por impuestos inmobiliario y automotor, tasas, derechos,
patentes, contribuciones de mejoras, multas, tributos y cualquier otro
gravamen creado».
Esto dio pie a un nuevo episodio de la judicialización de la política, con un intendente Walter Vuoto que cuestionó oficialmente la disposición, asesorado por la hoy legisladora y entonces secretaria de Legal y Técnica del Municipio, Victoria Vuoto. Cerraba filas con ellos Gustavo Melella, en ese momento intendente de Río Grande y que hoy, curiosamente, podría ser beneficiado por lo que antes lo perjudicaba.
El Superior Tribunal de Justicia definiría en 2017 la cuestión, en línea con la posición oficialista ,y luego de analizar las incumbencias Constitucionales y normas provinciales en vigencia, llegó a la conclusión de que la potestad tributaria se encuentra en cabeza de la Provincia y que el organismo que debía percibir ese dinero era la Agencia de Recaudación Fueguina.
No contento con esta respuesta, desde el Municipio capitalino se recurrió a la Corte, que finalmente este 22 de junio rechazó las presentaciones y señaló que «el recurso extraordinario es inadmisible» y que «se desestima la queja».
¿Tiempo de negociaciones?
Las partes ya están notificadas, confirmaron fuentes oficiales consultadas por ((La 97)) Radio Fueguina, quienes reconocieron además la complejidad de ejecutar una medida que puede afectar el buen vínculo (político) que existe hoy entre Gobierno y municipios.
Y es que el fallo activa una cláusula impuesta en 2016 mediante norma provincial que permitió a la Municipalidad de Río Grande y también a la de Ushuaia continuar percibiendo el tributo, a pesar de lo que buscaba imponer el Gobierno. Esa ley determinaba que se continuaba de ese modo hasta tener un fallo final de órgano superior y eso pasó la semana pasada.
En las dos ciudades se mantiene una marcada expectativa -y por qué no, preocupación- por el impacto que puede llegar a tener el traspaso de esos fondos, significativos para los municipios aunque menores para las arcas provinciales.
Se estima que están en juego unos $500 millones anuales por localidad, lo que obligaría a las partes a sacar del escenario judicial el reclamo y llevarlo a su terreno natural: el de la política.
Las mismas fuentes consultadas por ((La 97)) Radio Fueguina admitieron que las conversaciones entre los intendentes y el Gobernador ya comenzaron y que hay una palabra que se repitió en esos encuentros: compensación.
El Gabinete del Gobernador se encuentra estudiando a esta hora cómo aplicar lo resuelto por el STJ y, a la vez, no afectar las autonomías municipales que siempre fueron una bandera en el discurso de Gustavo Melella.
Así las cosas, una de las posibilidades es compensar a través de una estrategia que aún no se define cómo devolver a los municipios el dinero que dejarían de percibir una vez se ejecuten las nuevas reglas de juego y, sobre todo, que estos continúen prestando servicios clave: sanitarios, sociales, educativos, medioambientales y de asistencia.
Esto no resolvería, empero, la cuestión de fondo y los municipios apuntan a que los cuerpos colegiados vuelvan a discutir, como hicieron en el mandato de Bertone, a quién corresponde el impuesto inmobiliario.
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