El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación continúa con el proceso de expulsión de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que se encuentra bajo la mira de la AFIP y de la Justicia.
Y es que el plan de ayuda social está en medio de una revisión por parte de la Justicia luego de que la AFIP detectara irregularidades como por ejemplo beneficiarios que habían comprado dólares, o vehículos y propiedades por los cuales no se puede acceder al cobro.
En total, fueron dados de baja a 6.144 titulares que no justificaron su pertenencia al programa y no debían percibir el cobro: entre ellos, hay 14 fueguinos.
En esta oportunidad, las cesantías responden a que los beneficiarios se encontraban bajo la dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y movimientos sociales.
Según se informó oficialmente, la provincia con más bajas fue Buenos Aires, seguida de Santa Fe y Jujuy, con varios cientos de expulsados; Tierra del Fuego aparece al fondo de la tabla, con 14 beneficiarios que dejaron de percibir el plus de hasta $34 mil.
La causa
El fiscal Eduardo Taiano es quien lleva adelante la causa, que se impulsó desde el Gobierno cuando el organismo de recaudación detectó 253.184 titulares que presentaban inconsistencias para el cobro de este beneficio y el juez Ariel Lijo es quién tomó la decisión sobre el cobro.
En la presentación judicial se acusa a la ministra Victoria Tolosa Paz por mal desempeño en sus funciones, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad por no haber dado de baja a los beneficiarios de la mencionada asistencia estatal con «incompatibilidades».
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