El Dr. José Pelegrino, titular del Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin, por ((La 97)) Radio Fueguina se refirió la causa por el incendio forestal en la reserva corazón de la isla que tramita actualmente, y que cuenta con tres personas señaladas como responsables del siniestro.
El Dr. Pelegrino distinguió que no existe extrema urgencia en resolver la situación procesal, por cuanto las personas no están detenidas. “Nos faltarían un par de medidas complementarias, que incluso tienen que ver con actos de la defensa, y después pasaríamos a resolver la situación procesal” señaló.
El magistrado no pudo precisar la calificación por la cual las personas están acusadas, por cuanto se trata de un requerimiento fiscal inicial. Cuando efectivamente se resuelva la situación procesal, se verá qué tipo de delito configura, y por ende la acusación. “Hay un requerimiento inicial para que se investigue la posible existencia de un delito de incendio doloso. Por ahora podemos afirmar con mucho grado de certeza de que no, doloso no sería”, sí aseguro al respecto, en tanto espera evaluar si existe alguna responsabilidad por culpa, por negligencia e imprudencia.
Descartó de plano que pueda tratarse de un incendio intencional: “No hay ningún elemento en la causa que nos indique que podría haber un incendio intencional, todo lo contrario”.
También desechó la posibilidad de nuevos detenidos, toda vez que “no tenemos hechos nuevos, ni elementos nuevos de prueba, ni de la investigación policial. Todo indica que ya estaríamos, con un poco de suerte, cerrando la causa en breve”.
El magistrado espera asimismo el informe respecto de una de las últimas pruebas solicitadas, sobre las condiciones meteorológicas reinantes en el lugar por esos días. Refirió que entonces había “muchísimo y constante viento, nos falta todavía la precisión exacta de esas condiciones. Pero una brasa, una materia que está en un principio de combustión, con ese viento se puede activar no necesariamente en el momento de encendido el fuego, sino mucho tiempo después”, según evaluó.
Si bien establecer una responsabilidad civil relacionada con el inmenso daño causado no es de su incumbencia, el juez aventuró que “si se determinara que hay una responsabilidad penal, esto no es óbice a que pudiera existir, además, una responsabilidad civil”, que tendrá que ver concretamente con la magnitud del daño económico y las sanciones adicionales.
Un requerimiento al Poder Ejecutivo solicitando esa información con carácter provisional, arroja “una estimación actual aproximada a los $ 500 millones. El Ejecutivo es el que está llevando adelante estos gastos. Después, si se determinara una responsabilidad respecto de alguna persona, es reclamable a esa persona”, informó finalmente el Dr. José Pelegrino.
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