En el Orden del Día de la próxima sesión del Concejo Deliberante de Río Grande figura un proyecto del concejal Javier Calisaya, de Nuevo Encuentro-FORJA, que impulsa la creación de una oficina anticorrupción en nuestra ciudad.
La iniciativa plantea formalmente la necesidad de crear, en el ámbito local, una Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción que llega las siglas OTEA y que gozaría, en principio, de «independencia técnica, cumpliendo las funciones que le competen sin recibir instrucciones de ninguna autoridad».
Entre sus objetivos se encontrará «la elaboración y coordinación de programas de lucha
contra la corrupción en el sector público» y operaría recibiendo denuncias de particulares o agentes públicos, para luego investigar esos hechos, siempre y cuando involucren las arcas del Estado.
Además, en la práctica sería el encargado de elevar esos posibles hechos de corrupción al órgano judicial pertinente y estaría habilitado para constituirse como querellante en los hechos que comprometan el patrimonio de todos.
Por otro lado, también tendrá a su cargo la evaluación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios en hechos de enriquecimiento ilícito y podrá además investigar acciones en las cuales se incurra en incompatibilidad en las funciones de un integrante de la administración pública.
Asimismo, establece quién ejecutará el rol de «secretario o secretaria de Anticorrupción», fijando los requisitos para alcanzar el cargo y definiendo que el mismo durará 6 años, y le permitirá a este gozar de la «inmunidad propia de un Concejal».
Deberá tener más de 30 años, ser argentino/a, tener estudios universitarios en abogacía o ciencias económicas habiendo ejercido al menos durante 5 años esa profesión, y ganar un concurso con requisitos preestablecidos.
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