Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dieron a conocer este lunes el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Pasadas las 15 horas de este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comenzaron a dar a conocer el pedido de penas para los acusados por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Para todos los funcionarios acusados pidieron la inhabilitación perpetua, es decir que no puedan volver a ocupar cargos públicos. Asimismo, pidió una pena de 12 años para CFK.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la «jefa de la asociación ilícita», a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
Antes de solicitar las condenas, el fiscal les habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: «Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza», dijo.
«Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia», añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar «orgullosa» del trabajo de la fiscalía.
El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.
«Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.
Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.
Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acusó de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron» y a quien le espetó el haber «demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial».
También, antes de pasar al «petitorio», el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.
En paralelo, Cristina Fernández de Kirchner pidió esta mañana ampliar su declaración sobre la causa Vialidad, previo al pedido de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz. El pedido de la imputada fue denegado.
Apoyo del gobierno
El Gobierno salió a respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner al asegurar que ninguno de los cargos por los que se la imputan en la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz ha sido «probado». En un comunicado, el presidente Alberto Fernández denunció «persecución» y «»búsqueda de proscripción».
El mandatario se expresó vía Twitter y consideró que la vicepresidenta es víctima de “una persecución judicial y mediática”. “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas», comenzó su mensaje
Y agregó: «Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner”, publicó y acompañó con el comunicado oficial de Presidencia.
Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK
En el escrito, el Gobierno señaló que «la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”.
“Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado”, sentenció el Gobierno y advirtió que «toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.
Asimismo, el Gobierno reiteró su «adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas».
Además, expresó su «solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la Justicia se pone al servicio de poderes fácticos».
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