El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) aprobó un programa de 1.000 millones que dará Internet a las cárceles federales para que los presos puedan participar de audiencias judiciales, capacitarse y tener “contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales”, según fue publicado en la Resolución 2183/21 del Boletín Oficial.
La iniciativa para que el plan se extienda a las prisiones que alojan a los principales capos de la droga, secuestradores, delincuentes ligados a la trata de persona y políticos con causas de corrupción fue impulsada por la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori.
Sectores de la oposición criticaron el proyecto, pidieron que se priorice a los sectores vulnertables en cuestiones de conectividad y recordaron el riesgo de facilitar a delincuentes en situación de encierro la posibilidad de acceder libremente a las comunicaciones.
En tal sentido, el senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, informó que “Presenté un proyecto en rechazo a la inversión de 1000 millones de pesos para mejorar la conectividad en las unidades del Sistema Penitenciario Federal”.
“En nuestro país –analiza el legislador por Tierra del Fuego- más de 1 millón de chicos abandonaron la escuela por falta de conectividad. No podemos permitir que el gobierno privilegie a los presos en vez de a la educación”.
Expresa Blanco que “esta Resolución tomada por el gobierno es una continuidad de sus políticas en extremo garantistas que no han hecho más que favorecer el desarrollo y la expansión de las actividades delictivas que, como todos saben, continúan siendo comandadas desde las cárceles causando daños irreparables a nuestra sociedad. El Estado Nacional no puede ser cómplice de estos delincuentes y encima brindarles mejores condiciones de conectividad”.
“Sé perfectamente que hay miles de presos que necesitan mejoras en lo que hace al acceso a posibilidades de estudio para su superación personal, pero debe encontrarse un camino más controlado para favorecerlos”, objetó el Senador.
Concluyó Blanco recordando que “nuestras cárceles no cumplen con lo establecido por la Constitución Nacional en su Artículo 18 que reza que serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Bien podría el gobierno hacer cumplir este precepto en lugar de soltar presos argumentando cuestiones sanitarias y destinar otros fondos a la adecuación sanitaria de las cárceles, así como a la construcción de nuevas unidades”.
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