Apareció la “letra chica” por la que el Gobierno Nacional, con bombos y platillos, anunció la prórroga del subrégimen de promoción industrial fueguino y, a poco de leerla, cualquiera puede darse cuenta de que nos han estafado.
Yo me pregunto de qué se van a disfrazar los políticos fueguinos que acudieron al acto en la Casa Rosada y aplaudieron a rabiar este anuncio sin saber al detalle de qué se trataba. Todos ellos suscribieron con su presencia la partida de defunción de la Ley 19.640 y felicitaron a las autoridades del Ejecutivo Nacional que, clavándoles un puñal por la espalda con una sonrisa, traicionaron al pueblo fueguino.
La única verdad es que desde la entrada en vigencia de los Decretos N° 725 y 727 (23 y 24 de octubre respectivamente) dejó de tener vigencia la Ley 19640 tal como la conocimos. Los fueguinos pedíamos una prórroga del subrégimen hasta 2073, tal como el Presidente Alberto Fernández se había comprometido, y terminamos por encontrarnos con una intervención directa e inconstitucional del gobierno nacional que nos quita lo que es nuestro.
En síntesis: los fueguinos esperábamos y deseábamos la prórroga de nuestro principal contrato económico con la Nación pero el gobierno nos cambió de prepo todas sus cláusulas. Nos vendieron lobo por cordero y todo el oficialismo local “compró”.
Digámoslo con todas las letras: La Cámpora Nacional se terminó apropiando del esfuerzo y de las ilusiones de los fueguinos. Y lo hizo desde Buenos Aires, dos años antes del vencimiento de la última prórroga, bajo el mentiroso disfraz de un hecho positivo con intenciones puramente electorales.
Una de las industrias pioneras en emplear la 19640 fue la textil, la quitaron de un plumazo de la nueva normativa.
Se crea un fondo obligatorio al que las empresas deberán tributar el 15% del beneficio obtenido en concepto de IVA por la venta de los productos que resulten vinculados a los proyectos industriales aprobados en el marco del régimen de la Ley 19640. Fondo que será manejado desde una nueva entidad estatal bajo la figura fiduciaria en la que interviene el BICE S.A. sin que la provincia pueda decidir sobre su destino. Estamos hablando de fondos compulsivos y millonarios cuya utilización estará exenta de control y a total discrecionalidad de quienes lo administren. ¿No será éste un principio ensayo para que, en cualquier momento y desde Buenos Aires le pongan el IVA a los productos que ellos decidan o directamente a todos? Esta verdadera reforma de la Ley deja claramente la puerta abierta para que la ambición “de caja” que tiene el kirchnerismo vaya a más.
Es absolutamente inadmisible, además, que la autoridad de aplicación del decreto 727, por el que se redefinió este mamarracho que viene a llenar de inquietud al pueblo fueguino, quede en manos de un organismo nacional de tercera línea como es la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial cuyos integrantes siempre estarán sujetos a los vaivenes políticos.
Basta ver quiénes son los que hoy festejan en Tierra del Fuego y los que se esconden después de haber participado del acto de lanzamiento de esta aberración jurídica, política, económica y de inmenso impacto social, para darnos cuenta de quiénes supuestamente han ganado y quiénes han perdido con este disparate.
Al menos el gobernador de la Provincia ha elevado su queja solicitando la urgente revisión de algunas disposiciones de estos decretos mientras los intendentes camporistas silban bajito o callan. Festeja el gremio metalúrgico, flamante invitado a la fiesta, y quedan atrás los comerciantes que han sido relegados de todo ámbito de consulta o cooperación en el nuevo marco.
Este es el modelo de la argentina corporativa y mafiosa que no queremos. Un modelo que se apropia de lo que no le corresponde, que cambia las reglas cómo y cuándo quiere, y que impone su ambición unitaria y concentradora desde Buenos Aires con socios locales que se venden por promesas de cargos o monedas que vaya a saber si se las cumplirán.
Estos dos decretos nos dejan lo suficientemente atrás del régimen brasileño de Manaos constituyendo una invitación para que las inversiones fueguinas se fuguen hacia el país vecino. ¿Quién estará dispuesto a invertir sin seguridad jurídica o con márgenes de seguridad manejados arbitrariamente desde una secretaría de estado cuya orientación puede cambiar con los vaivenes electorales?
El Régimen de Promoción Industrial fueguino fue hasta el 22 de octubre una política de estado. Hoy esta política fue tomada de rehén por un sector que decidirá qué proyectos cumplen con la meta de “ampliar la matriz productiva fueguina” y cuáles no, teniendo que pasar por infinidad de filtros burocráticos para su aprobación en caso de que haya simpatía o suerte.
Necesitamos que el gobierno de Alberto Fernández revea de manera urgente estas decisiones porque lo que se vendió como un progreso llevará a los fueguinos a la ruina.
(*) – Senador de la Nación – UCR Tierra del Fuego
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