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“Historia de una Estafa” (II)El negociado inmobiliario y la Legislatura

Segunda parte de una increíble historia de disputas judiciales, enturbiada por maniobras ilegales, violaciones a la Constitución y negociados donde se mezcla lo público con lo privado.

¿Por qué decimos que el litigio por Las Termas se emparenta con el más grande negociado inmobiliario en la historia de Tierra del Fuego?

Todo comienza con el dictado de la ley provincial 597 de Tierras Fiscales, puerta de acceso a todo lo que vendría luego. La ley N° 597 es una maniobra orquestada por el gobierno de Manfredotti, que sirvió para concretar un extraordinario negociado inmobiliario con las tierras fiscales, consistente en dividir la Isla en zonas en donde se realizarían los loteos que luego serían revendidos a los inversores amigos del poder, a precio de mercado embolsando millones.

A ello le sumaron el robo de las termas y de las tierras cedidas a la concesionaria, o sea, una doble estafa utilizando el Estado Provincial en provecho propio, de sus testaferros, y de sus socios.

El artículo 10 de la referida Ley consagra la estafa cuando dice que no se pueden concesionar las Termas ni adjudicar en venta las tierras fiscales, siendo que el contrato suscripto en 1988 -aún hoy vigente- establece lo contrario, atento le concede la explotación y aprueba la cesión de 400 hectáreas con la opción de compra, en mérito a las inversiones realizadas. Entre esas inversiones estaba la construcción del camino a su exclusivo costo desde la Ruta N° 3 hasta las termas. Aunque a futuro terminaría en Harberton, ya que ese era el proyecto empresarial que formaba parte de un gran circuito turístico además de convertirlo en una alternativa para llegar a Ushuaia, cuando el Garibaldi quedara interrumpido.

Uno de los asociados legislativos que aprobó la aberrante 597 durante el gobierno más corrupto de la historia provincial, se redimió años después cuando (junto a tres de sus pares) decidió no acompañar a los que votaron las leyes N° 1147 y N° 1186 denominadas de Ampliación del Ejido Urbano y de Creación del Departamento Tolhuin que pasó a tener –de tal modo- más de 640.000 hectáreas. Una superficie exorbitante para una comunidad tan chica y si necesidades inmediatas de expansión urbana.

Estas “legislaciones”, hechas a medida de sus directos interesados, no eran casuales. Son un modus operandi que ya se había puesto en marcha al otro lado del Estrecho de Magallanes, como por ejemplo en El Calafate o en Los Hoyos, provincia de Chubut.

Fríamente planificado

¿En qué consiste la maniobra? ¿Quiénes y en qué medida se benefician convirtiendo en urbanas tierras que son (y deberían seguir siendo) rurales y boscosas?

La maniobra es tan básica como repetida a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Encuadrar como urbanas tierras que en realidad son rurales para dejar a cargo de los municipios su enajenamiento a precio inflado -ya sea venta, concesión o usurpaciones fingidas- con el consabido “vuelto” para los funcionarios que lo perpetran y un premio para los que así legislaron.

Es decir que detrás del pomposo nombre de “Ley de Tierras Fiscales, Programa de Desarrollo: Zonificación y Restricciones del Área Geográfica Denominada Sector Sudoccidental del Territorio Argentino”, o de “Ampliación del Ejido Urbano”, se enmascara un verdadero curro inmobiliario para defraudar al Estado desde el mismo Estado.

Por entonces, la empresa estafada fue a la Corte Suprema con el juicio de Cumplimiento del Contrato para que obligue a la Provincia a que apruebe la mensura presentada en el 2007 junto con el juicio de Consignación para poder ejercer el derecho a la opción de compra, ya que los jueces del Superior Tribunal de la Injusticia fueguina habían declarado insólitamente válida y aplicable a la empresa a la ley 597 cuando es trucha y absolutamente inaplicable porque viola el contrato.

Después de ello (y como respuesta a las dos demandas iniciadas por la concesionaria contra la Provincia), es cuando once legisladores aprueban las ilegales leyes de Ampliación del Ejido Urbano y de Creación del Departamento Tolhuin, enviadas por Bertone y promulgadas por Arcando, que quién escribe las impugnó judicialmente porque las hicieron para poder continuar con el robo de predios fiscales por si la Corte declaraba ilegal a la ley 597, es decir que eran la rueda de auxilio que reemplazaría a aquél engendro legislativo del 2003.

Además, introducen de prepo a las Termas dentro de Tolhuin cuando pertenecen al Departamento Ushuaia; porque le dan una puesta en valor a los loteos próximos al recurso termal usando las inversiones hechas por la empresa; porque blanquea las ventas ilegales anteriores de cientos de miles de otros predios fiscales como el de Eco Pueblo; y porque resulta evidente que la mayoría de las tierras cedidas a la empresa han sido vendidas subrepticiamente, ya que no existe otra razón para que Catastro no le apruebe a la empresa la mensura presenta hace más de catorce (14) años, agregándole las ventas realizadas por debajo de la mesa de enormes cantidades de hectáreas hechas “en reserva “ que es otro invento delictivo para poder robarle al estado, siendo sus adquirentes los mismos que aparecen en el Fondo Residual.

Esto explica por qué desde un sector del poder judicial se animaron ilegalmente a violar la ley N° 236 cuando lo habilitaron al exintendente Claudio Queno a que participe en cuatro elecciones consecutivas cuando está expresamente prohibido, en virtud de que debe existir obligatoriamente una interrupción de un período a partir de la segunda elección; explica por qué los concejales de Tolhuin “durmieron” dos juicios políticos contra el actual Intendente; y explica que hay una causalidad en un sector del poder judicial, cuando es funcional a estos intereses metiendo en un cajón las denuncias penales por los hechos de corrupción formuladas en contra de los responsables de todos estos latrocinios.

El actual Intendente cuando era Secretario de Gobierno de Queno, apelaron a una figura caprichosa y tan ilegal como todo lo anterior. Dispusieron la «entrega en reserva» de tierras fiscales a los amigos del poder, cuando NO existe esta figura en ninguna ley ni ordenanza atento corresponde que se las adjudique en venta, que es la razón por la que junto con los Concejales adictos decidieron inventar el pago de un «canon de uso» para poder blanquear la venta ilegal de esos inmuebles, a lo que hay que sumarle la denuncia mediática de la ex Concejal Cejas cuando hizo público que algunos pícaros estaban lucrando con tierras del estado, que habían sido adquiridas para supuestos emprendimientos productivos pero que en realidad eran para ser destinadas a negociados inmobiliarios, contando con la participación de altas autoridades municipales y provinciales.

Basado en esa revelación de la edil fue que me presenté ante la justicia a formular la denuncia de esos ilícitos, la que fue acogida por el Fiscal Mayor de Río Grande que ordenó que se investigue la defraudación cometida en perjuicio del Estado y de los fueguinos. Esta estafa se instrumentó maquiavélicamente a través de la sanción de las ilegales leyes  N° 1147 y N° 1186,que pone a cargo del Intendente como el gerenciador o el CEO  la venta discrecional de inmuebles al valor de un celular, pasando a ser la municipalidad la inmobiliaria más grande del mundo porque continúa lo que había principiado en el 2003, ya que todas esas tierras fiscales que fueron entregadas ilegítimamente son y serán siempre de la Provincia y no de Tolhuin. 

Quienes en el país pontifican con engaños y manipulaciones a favor de las reformas en la Justicia que a decir verdad son necesarias, esconden la intención real de llevarse puestos a los fiscales , jueces, y a la Corte Suprema por haberse atrevido a investigar, procesar, juzgar, y condenar a los delincuentes que estafaron al Estado, tal como lo hicieron en Tierra del Fuego cuando jubilaron anticipadamente a los jueces para poner a quienes les serían funcionales a sus designios, o como ya lo hicieron en otras provincias feudales que garantiza la impunidad con una justicia domesticada.

Entre estos amigos del poder se encuentra quién llegó de su Chonchi natal con un destornillador y una pinza y como por arte de magia se hizo millonario, creando su propia inmobiliaria familiar que vende en Tolhuin miles de lotes que no se pueden escriturar por estar flojos de papeles, por lo que resulta inadmisible que un magistrado recientemente electo dijera de él en el diario Tiempo Fueguino, “que era el mejor empresario de la Patagonia”.

El aporte de la Justicia

Una fueguina honesta y trabajadora (a la que defiendo con orgullo) fue estafada por el “mejor empresario de la Patagonia” cuando le robaron el 50 % de un inmueble de su propiedad ya que nunca se lo compraron ni se lo pagaron, lo que es una canallada estafatoria que la publicito porque ha llegado el momento que lo sepa el pueblo atento la igualdad ante la ley está garantizada para todos los habitantes en el art. 16 de la Constitución Nacional, y tal como lo hará la Corte cuando las acciones jurídicas en contra de este emporio del delito le lleguen oportunamente ya que no claudicaré jamás ante este despojo.

Los aprovechadores que vienen actuando con mala fe solo lo han podido hacer porque contaron con una parte de la justicia que los ayudó, ya que no existe y nunca existió una mitad de una biblioteca que diga una cosa y otra mitad que diga lo contrario cuando se reclama y se aportan las pruebas que demuestran que se tiene la razón y el derecho.

Los buenos jueces así lo deben resolver ya que si no lo hacen pasan a ser socios de los apropiadores, debiendo tener paciencia porque está comprobado que el que las hace las paga como ya le pasó al ex Vicepresidente de la Nación Amado Boudou, cuya condena fue confirmada por la Corte Suprema.

Siempre me hice cargo de lo que digo, incluso cuando cometí errores, ya que nadie es perfecto y cualquiera se puede equivocar, pero estos hechos delictuales que perjudican a los fueguinos que viven de su trabajo y no del choreo contra el estado son de tal magnitud que no pueden ser soslayados, mal que les pese o molesta a algunos y exponga a otros ya que no soy cómplice de los ladrones que creen que todos somos de su condición.

La gente de bien que son muchos más que los que no lo son en esta bendita provincia están hartos de tanta impunidad y se merecen una respuesta digna de quienes la conducen y ni qué decir por parte de aquellos que debieran administrar justicia, habida cuenta SI se puede enfrentar a la corrupción si se lo quiere hacer de verdad.

Sepan los que no me conocen que jamás les tuve miedo a los poderosos al igual que nunca les rendí pleitesías, por lo que no le temo a las represalias si se produjeran por decir y por defender la verdad como siempre lo hice, para que no se sigan cometiendo nunca más estos atropellos.

DANIEL MERLO- ABOGADO- MAT. PCIAL. N° 17

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