En diciembre de 2017, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, guiado por la gestión de Rosana Bertone, adoptaba una decisión más enmarcada en el cumplimiento del conocido «pacto fiscal»: instaurar en nuestro distrito un régimen de retiro voluntario para los trabajadores de la administración pública.
La iniciativa, similar a la que adoptaban otras provincias para recibir el visto bueno del Gobierno Nacional, garantizaba un pago (por única vez) de 150 mil pesos y el pago durante tres años del 60% de la última remuneración bruta que hubiese percibido el empleado.
Sin embargo, esto que la gobernadora Bertone tomaba como una posible «solución» al descalabro fiscal de Tierra del Fuego, terminó siendo solo un gesto. Al final de su mandato, poco menos de 200 agentes habían accedido a esa salida.
Por esto e impulsada por un proyecto del actual gobernador Gustavo Melella, la Legislatura de Tierra del Fuego derogó, en la última sesión del 2020, la norma aprobada tres años atrás. Y hoy, con la publicación en el Boletín Oficial fueguino, el Gobierno termina de derogar la Ley Provincial 1200.
Ante la ausencia del actual mandatario, la firmante del Decreto 83 es la vicegobernadora Mónica Urquiza, que rubricó el documento que, para tranquilidad de los «retirados», aclara: «Los derechos adquiridos por los beneficiarios y las condiciones establecidas por acogerse al régimen instituido por la Ley provincial 1200, continúan vigentes sin poder ser alterados ni modificados».
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