El fiscal de Estado Andrés Giacomone confirmó que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó y presentó con su patrocinio una denuncia contra los jueces Miguel Ángel Caviglia y Alejandro Soñis, quienes reclamaron que el mandatario diera “un paso al costado”.
Las presentaciones son ante el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia. La denuncia será por mal desempeño en sus funciones, tal como lo prevé el artículo 165 de la Constitución chubutense, como consecuencia de las declaraciones públicas que efectuarán los magistrados mencionados.
“Las apreciaciones de tipo político consisten en una falta de conducta”, consideró Giacomone y comentó que se vieron “sorprendidos” por las declaraciones de los jueces de Comodoro Rivadavia.
“Lo vemos con gran preocupación, por la gravedad institucional de sus afirmaciones; es prácticamente actividad política de dos funcionarios judiciales que la tienen vedada, no se corresponde con su función y siempre planteamos en Derecho que los jueces actúan a través de sus sentencias”, admitió y afirmó: “Este tipo de actividades políticas tiene una gran gravedad institucional y en base a eso son las presentaciones”.
Y sumó: “Aprovechándose de su investidura se extralimitaron con opiniones dignas de partidismo político, cuestión que configura una intromisión de poderes, un claro activismo político y por consiguiente un claro acto de mal desempeño de su cargo”.
El fiscal de Estado hizo una distinción sobre las declaraciones de los jueces sobre la institucionalidad de la provincia y el reclamo salarial de magistrados y empleados: “La situación crítica salarial de la provincia no escapa al conocimiento de nadie, pero lo que plantean no es un descontento por el pago sino declaraciones de gravedad institucional, al punto tal que plantean que tendría que renunciar el gobernador, con todo lo que implica”.
“Deja de ser una manifestación por el atraso salarial, esto fue mucho más allá. Fue un pedido de destitución a través de un juicio político o una renuncia. Por eso es una gravedad institucional con falta de todo decoro del que se espera de un poder independiente que tiene que hacer sus afirmaciones a través de sentencias”, consideró Giacomone.
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura es para que se inicie el sumario “por incumplimiento de los deberes y dentro de ese proceso tendrán que ejercer su defensa de sus dichos y el Consejo instruirá a través de un sumario cuáles son las acciones que le sean pasibles, lo que puede desembocar en un jury”, detalló.
El fiscal reconoció que en la historia de Chubut nunca supo de una situación similar: “Esto no se espera de la actividad de ningún magistrado y tiene consecuencias para todo el sistema democrático republicano que tiene que primar dentro de la provincia, y ante esta crisis no aporta, sino que va en desmedro de la institucionalidad. Estas declaraciones van en desmedro del Poder Judicial”.
Insistió en que “las declaraciones sobre que ‘el gobernador dé un paso al costado’ o que ‘se avance en un juicio político’ son netamente políticas que les están vedadas a los jueces ya que no tienen permitido ejercer ningún tipo de actividad política. Las declaraciones de este tipo son claramente actividades políticas con una connotación terrible y una gravedad institucional muy fuera de lo que se espera del accionar judicial”.
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