Organizaciones sociales de Tierra del Fuego le pidieron hoy al gobernador de la provincia, Gustavo Melella, el veto del proyecto de ley que amplía de tres a cinco el número de jueces del Superior Tribunal de Justicia, sancionado el último viernes por unanimidad en la Legislatura fueguina.
La presentación formal fue realizada esta mañana por el gremio de los empleados judiciales de la provincia, mientras que abogados y asociaciones que forman parte del colectivo «Otra justicia» lanzaron un petitorio público a través de una plataforma virtual.
El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, seccional Tierra del Fuego, Luis Bechis, consideró que la ampliación de la Corte fueguina resulta «inoportuna» por la «enorme crisis socioeconómica que padece la provincia y porque las prioridades deben ser otras, como invertir en salud y trabajo».
Además, el dirigente sostuvo que el proyecto fue aprobado sin conocer las estadísticas que lo justifiquen, como las causas en trámite por fuero, el personal e infraestructura del Superior Tribunal.
En tanto, el colectivo «Otra Justicia» señaló que la Corte fue ampliada «sin que todavía se haya modificado» el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia.
Además, la entidad insistió en que aumentar el número de jueces del Superior Tribunal provincial representará un aumento presupuestario «del 66%» y advirtió que esa cifra «es superior al gasto de personal del Ministerio de Salud».
Incluso mencionaron la cuestión de la paridad de género, ya que según un informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, Tierra del Fuego es la provincia del país con menor porcentaje de representación femenina entre sus magistrados (un 18%) y el proyecto que sancionó la Legislatura «no contempla ninguna cláusula para torcer esa tendencia».
En cambio, para el diputado provincial del Movimiento Popular Fueguino (Mopof) Pablo Villegas, uno de los impulsores de la ley, la sanción del proyecto resultó «histórica» y atendió a un pedido del propio Superior Tribunal, que «con total libertad e independencia tomó la determinación de ampliar sus miembros luego de 27 años», señaló en declaraciones a la prensa local.
«La Mesa Argentina contra el Hambre pasa a la fase operativa y esta comisión es fundamental para llevar adelante políticas estructurales y de mediano y largo plazo. El objetivo de esta comisión es analizar la situación de comedores y merenderos. No se trata solo de un registro, sino de ver la cobertura, que se llevó adelante con un gran esfuerzo del Estado, que volcó muchos recursos. Todo el año pasado se usaron 28 mil millones de pesos para asistencia y en los primeros seis meses de este año 80 mil millones».
Villegas subrayó que el proyecto fue aprobado con «una amplia participación de los actores vinculados a la administración de justicia provincia» y con el consenso de todos los bloques políticos de la Cámara legislativa.
(Télam)
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