Entre los considerandos de la medida, el Gobierno argumenta que se prevé que «las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan afrontar sus gastos, con mayores recursos, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenido, equilibrado y homogéneo de las economías locales».
Además, la decisión tuvo en cuenta el marco de emergencia sanitaria dispuesto por el coronavirus: «Los términos y condiciones de los préstamos señaladas precedentemente, con esa estructura de amortizaciones, hacen que los vencimientos de capital representan una porción sustancial de los recursos líquidos de las provincias, sumado a ello la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social dispuesta por la Ley N° 27.541 y, el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas, conlleva considerar la pretensión impetrada por la Provincia dentro de dicho contexto».
El acuerdo en cuestión fue suscripto entre el Estado Nacional y las provincias en 2016, cuando acordaron “reducir la detracción de los 15 puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables, con destino a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios, a cargo de la ANSES”.
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