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Deliverys en Río Grande: La nueva polémica que trajo la pandemia

En la emergencia, llegaron para solucionar más de un problema, pero a medida que se imponen como servicio se plantea la necesidad de regularlos. La discusión está servida.

Entre los muchos vocablos creados o puestos de moda en tiempos de pandemia ganó un lugar preferencial el que habla de la “nueva normalidad”. Cambios de costumbres, de paradigma o de necesidades a cubrir, que surgieron en la emergencia y que prometen quedarse aun después de que esta se acabe.

En Río Grande, una “nueva normalidad” son los servicios de entrega a domicilio, identificados con el anglicismo de “delivery”. En medio de la cuarentena administrada, los deliverys vinieron a suplir una enorme necesidad, la de completar el proceso de compra-venta no presencial, pero además –justo es decirlo- sirvió de empleo no formal para muchos que perdieron su trabajo en el contexto de la crisis económica.

Muchos comerciantes descubrieron que (con o sin pandemia, con o sin cuarentena) pueden hacer de la venta online una forma más de obtener ingresos, así como los ciudadanos descubrieron una forma cómoda y fácil de comprar sin moverse de sus casas.

En ese marco, ya se vislumbra que el servicio de entregas a domicilio se impondrá, crecerá, será parte del mercado de trabajo y –como tal- necesita ser regulado, administrado y controlado.

Es muy cierto que la gran mayoría cumple la tarea con enorme responsabilidad y compromiso. Pero también es verdad que algo tan delicado no puede dejarse librado a la buena voluntad de quien lo realiza.

En las grandes ciudades, marcas como “Glovo”, “Rapid” o “Pedidos ya” identifican a grandes empresas perfectamente organizadas, aunque la regulación no termina de llegarles. ¿Qué decir entonces de nuestra ciudad, donde los “deliverys” debieron aparecer de un día para el otro, casi de forma artesanal y movidos por la urgencia de tapar un bache en la improvisada línea de comercialización no presencial?

Un suceso tan imprevisto como un accidente de tránsito, que fuera protagonizado curiosamente por dos vehículos afectados a la entrega a domicilio, encendió las primeras luces de alarma y la pertinente pregunta: ¿Quién se hace cargo de las consecuencias de los incidentes protagonizados por vehículos en función de trabajo no formal, no regulado y no protegido por ningún seguro?

El subsecretario de Comercio de la Provincia, Jaime Alderete, dio el primer dictamen, en medio de su preocupación: “Es algo que debe regular el Concejo Deliberante”, convocó.

En rigor, existe una ordenanza al respecto, data del año 2008 y lleva el número 2622. Pero, llamativamente, contempla sólo a vehículos de 2 ruedas, nada dice sobre hacer de delivery en el automóvil familiar ni mucho menos el autor de la norma pudo adivinar que algún día la entrega de mercadería a domicilio sería el “rebusque” salvador de todo un gremio de taxistas con la demanda de pasajeros reducida a casi el cero absoluto.

Pero taxistas y remiseros transportando alimentos en el mismo asiento que una persona ocupó unos minutos antes, tampoco está previsto en las ordenanzas ni cumple con otra norma municipal, la 2374/2007 que impone la obligación de contar con habilitación y libreta sanitaria para transportar alimentos.

Manipular o transportar comida no es un tema menor, menos en un contexto de pandemia con un virus altamente contagioso amenazándonos a todos.

Todas las actividades tienen un protocolo estricto que cumplir ¿Por qué para los deliverys no existe?

¿No debió salir ya de su zona de confort la Cámara de Comercio para ayudar a asesorar sobre el tema?

Son muchos los aspectos a cubrir, las previsiones que tomar para no lamentar después. Pero los intereses se entrecruzan, intervenir en el tema puede conllevar algún costo político que, en este clima enrarecido y de sobradas preocupaciones, nadie quiere enfrentar y la solución no parece fácil de encontrar.

Uno de los inconvenientes que surgen es la necesidad de contar con un permiso para circular sin violar la cuarenta. Quizás como “servicio esencial”.

Pero ¿cómo justificar tal condición ante las autoridades? ¿Qué habilitación puede otorgar el Municipio a alguien que dice cumplir con un servicio pero no está encuadrado bajo ninguna normativa?

Aunque sea por lo bajo, los cuestionamientos van surgiendo e irán en aumento, junto con el problema que también es directamente proporcional al crecimiento del delivery como servicio, sino esencial al menos de alta demanda.

 

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