A través de una nota dirigida al Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Abogados Autoconvocados pidieron que se arbitren los medios y mecanismos necesarios para habilitar la actividad judicial en su plenitud, adecuando el sistema informático SAE Kayén, de modo tal que permita efectuar todos y cada uno de los actos procesales de manera digital, en todas sus etapas.
En ese mismo contexto, solicitaron se conforme una Comisión Multisectorial integrada por expertos en materia tecnológica e informática, representantes de abogados, magistrados, funcionarios y empleados vinculados al servicio de justicia, a fin de recibir propuestas y generar un diálogo constructivo para el diseño e implementación de medidas.
En este sentido, el planteo es que se garantice y asegure el funcionamiento del Poder Judicial en ambos distritos judiciales de manera idéntica.
En los fundamentos, los letrados manifestaron que “por las consideraciones vertidas, los abajo firmantes exigimos al Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, arbitre los medios necesarios para la efectiva prestación del servicio de justicia para los ciudadanos”.
“Ante la preocupante situación que atraviesa a nuestra sociedad, sumada a las decisiones adoptadas por el Poder Judicial de Tierra del Fuego, los Abogados Autoconvocados, matriculados en el Colegio Público de Abogados de Río Grande, consideramos necesario hacer público el reclamo pertinente”.
Entendieron que “es evidente que el contexto de pandemia ha colocado en situación de crisis a la totalidad de las instituciones estatales, lo que –en principio– pareciera entendible en el mes de marzo”.
“No obstante (ya en agosto) medidas tales como la extensión de una feria judicial extraordinaria, dictada a mediados de julio, pone en evidencia una actitud de absoluto desinterés por garantizar el acceso a la justicia, dejando de lado uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoya el estado de derecho”.
“Es mediante el acceso a la justicia, que todos los habitantes de la nación pueden acudir ante los tribunales en reclamo de la protección de los derechos que pudieran verse vulnerados, tanto por los particulares, como por el estado mismo; pero para ello es imprescindible un sistema que, en la práctica, funcione”, consideraron.
Recordaron los abogados que “en nuestra provincia, hasta junio del 2020, el funcionamiento del sistema judicial dependía exclusivamente del trabajo presencial de los profesionales del derecho, quienes debíamos acudir a los tribunales a efectivizar los reclamos de cada uno de los ciudadanos”.
Frente a los numerosos reclamos efectuados –dicen- “el Poder Judicial Provincial implementó el uso de un sistema digital de expedientes (SAE Kayén), que permite llevar adelante alguna de las labores respectivas. Sin embargo, el sistema no se encuentra desarrollado en su totalidad y presenta una gran cantidad de falencias, lo que impide el normal desarrollo del servicio de justicia, razón por la cual se ha optado por la feria judicial”.
El contexto actual “no debe ser tenido como una cuestión pasajera, los efectos de la pandemia han modificado por completo la conducta de toda la sociedad y por tanto requieren de una intervención efectiva por parte de la justicia”, advirtieron.
“A esta altura, luego de transcurridos cinco meses con un limitado acceso a la justicia, consideramos fundamental e imprescindible que los órganos jurisdiccionales recuperen su plena capacidad de funcionamiento, permitiendo dar solución a los conflictos de la población”, indican.
En este sentido, “entendemos y aseveramos que la implementación de herramientas informáticas, además de garantizar la completa armonía con las medidas de aislamiento dictadas por las autoridades nacionales y provinciales, se constituyen como el medio más eficiente para asegurar el acceso a la justicia”.
Finalmente, señalaron que “por ello, entendiendo que en un momento histórico como el actual, los magistrados judiciales tienen la obligación de desempeñar una tarea tan importante como la que desarrolla el personal de salud y seguridad, en suma a lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, los firmantes solicitan a las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se arbitren las medidas solicitadas.
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