El Tribunal de Cuentas provincial radicó una denuncia contra ex miembros del Laboratorio del Fin del Mundo por un supuesto perjuicio al Estado fueguino por casi 55 millones de pesos, con irregularidades en la compraventa de medicamentos, pagos a contratistas sin que se haya recibido contraprestación alguna y otras anomalías.
La denuncia recae sobre Guillermo Adrián Ruckauf, quien fuera ministro de Salud de la gestión de Rosana Bertone y representante del Poder Ejecutivo en la asamblea de accionistas del Laboratorio del Fin del Mundo.
Suma además en la presentación formal a Miguel Ángel Caro, representante del Banco Tierra del Fuego en la asamblea de accionistas y Carlos López, en su carácter de presidente del directorio del Laboratorio del Fin del Mundo.
También fueron denunciados la vicepresidenta María López Ríos; el director titular Santiago Villa y los tres integrantes de la comisión fiscalizadora del laboratorio: Nicolás Graffigna, Nora Leiva y Salvador Parodi.
La denuncia
De acuerdo a la información a la que accedió HábilDeclarante.com, el Tribunal de Cuentas sustenta su denuncia en varios puntos. En primer lugar, cita una operación de compraventa de medicamentos, en la que los integrantes del directorio dieron información falsa a los accionistas, provocando al patrimonio provincial la pérdida de $ 43.410.195.
Asimismo, da cuenta de supuestos pagos irregulares de múltiples remuneraciones a los integrantes del directorio, dispuestas por ellos mismos: al presidente Carlos López, por $ 3.224.115; a la vicepresidenta María López Ríos por $ 1.082.016 y al director titular Santiago Villa por la suma de $ 1.252.016.
Por otra parte, también denuncian pagos realizados por contrataciones múltiples por el mismo objeto y sin norma habilitante a varias personas y estudios jurídicos por una suma superior a los $ 200 mil y pagos realizados por contrataciones sin que se haya recibido ninguna contraprestación y sin norma habilitante por casi 2 millones de pesos.
Se incluyen supuestos pagos indebidos realizados en el marco de las relaciones laborales a personas residentes en extraña jurisdicción -en la que no hay ni actividades ni filiales del Laboratorio del Fin del Mundo- y sin que se haya recibido contraprestación alguna, por un monto de $1.149.397 y de $ 1.908.431; pagos a integrantes de la comisión fiscalizadora que no estaban en condiciones de integrarla por la suma de $ 264.000 y la disposición de fondos de la empresa a modo de subsidios, entre ellos a la Fundación Huésped, por 500 mil pesos.
En la mira
Previo al inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperon, había designada presidente interina del Laboratorio del Fin del Mundo por el gobernador Gustavo Melella.
Es que, en efecto, la flamante gestión había posado sus ojos sobre el funcionamiento de dicho organismo y la propia Chapperon había sido tajante al respecto: “Todas las irregularidades que se han encontrado han hecho que el gobernador entendiera que esto había que ponerlo en orden”.
Ya en aquel momento se hablaba de irregularidades visibles, sobre las que la funcionaria anticipaba que “por un lado tenemos el directorio que, a través de su presidente, vice y director representa al Estado y defiende los intereses del Estado. Por otro lado, están los gerentes que son las personas que deben llevar adelante las distintas áreas técnicas, comercial y administrativo y contable. En este caso, en el laboratorio las mismas personas desempeñaban ambas tareas y cargos, por lo tanto, decidían libremente”.
“El Tribunal de Cuantas objeta también que no habían presentado una reglamentación de contrataciones y compras. Esto se hacía sin ningún marco regulatorio. Es una empresa del Estado, más allá de la sociedad anónima, entonces las reglas de control tienen que estar claras. En este caso tampoco ninguno aportaba a la caja jubilatoria de la provincia”, indicaba.
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