Representantes del Movimiento Popular Fueguino presentaron en las últimas horas un proyecto para modificar el Código Procesal Penal, sumándose así a la polémica nacional que existe respecto al otorgamiento de prisiones domiciliarias ante internos considerados dentro de los grupos de riesgo.
La iniciativa llega la firma de los legisladores Loffler y Villegas y pide reformular los artículos 287 y 454, y, a modo de introducción, citan que «muchos de los reos que obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria han puesto en riesgo a las propias víctimas e incluso han reincidido en algún tipo de delito».
Por ello, piden «hacer un control restrictivo de la sitaución particular de cada reo» y explican es «imperioso que cualquier petición que un recluso haga para pretender su prisión domiciliaria, deberá analizarse con extrema restricción y de manera consensuada».
Con esa base, piden que el Juez que ordene las detenciones domiciliarias tenga previamente el consenso de la Cámara de Apelaciones, que deberá ratificar o rectificar en el plazo de 48 horas la petición del recluso.
Asimismo, sostienen que «durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente».
Lo curioso es que en la práctica esta última norma está vigente a nivel nacional (más allá de algunos incumplimientos denunciados en el pasado reciente). Sin embargo, los parlamentarios no buscan adherir a la Ley 27.373, sino aplicar este nuevo cuadro normativo en la provincia de Tierra del Fuego.
El proyecto tiene estado parlamentario y deberá ser analizado ahora por la Legislatura, que está virtualmente paralizada desde el comienzo de la cuarentena.
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