Luego de participar por videoconferencia de la reunión que encabezó el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en la cual se anunció el DNU que implementará un «barril criollo» de petróleo a un precio de US$45 (muy superior a los US$29,72 en los que fluctúa el precio de referencia internacional), el Gobernador de Tierra el Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, sostuvo que la decisión «le permite a la Provincia amortiguar la crisis del sector, mantener la producción y no tener despidos», por lo que saludó y agradeció la determinación de gobierno de Alberto Fernández.
Participaron además de la reunión los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Axel Kicillof (Buenos Aires), así como ejecutivos de YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, Vista, Pluspetrol, Tecpetrol, Raízen y Trafigura, entre otras compañías.
El decreto establecerá que el barril criollo de US$45 se mantendrá hasta fin de año, pero si el precio internacional llega a ese precio y se mantiene por 10 días, se unificarán ambos valores y el mercado local se volverá a regir por la cotización internacional.
Al mismo tiempo se le pedirá a cambio a las productoras que mantengan el mismo nivel de actividad que había el año pasado, pero se contemplará la situación actual de coronavirus que derrumbó la demanda.
La normativa reglamentará también las retenciones móviles, que se aplicarán de forma escalonada a partir de los US$45, hasta llegar a una alícuota de 8% cuando se alcancen los US$75.
Según confirmaron fuentes oficiales y privadas a Ámbito, la medida busca dar mayor certidumbre a las inversiones en el sector de los hidrocarburos que puedan superar la pandemia de coronavirus Covid-19 y evitar al mismo tiempo la posibilidad de tener que importar crudo a mediano plazo.
Asimismo, el regreso del barril criollo pretende mantener la producción en los niveles de 2019 -objetivo ambicioso, se estima un 65%-75% este año- para asegurar la provisión de petróleo crudo a nivel nacional, y así minimizar el impacto sobre las economías regionales y la mano de obra asociada a la industria hidrocarburífera.
Los sindicatos petroleros ya aceptaron reducción de salarios al 75% y se registraron decenas de suspensiones, principalmente en el shale. Más de 10.000 trabajadores hoy ven amenazadas sus fuentes de ingresos.
En el Gobierno recuerdan que son “medidas urgentes y transitorias”, que no quieren «poner en riesgo la paz social», y que el fin último es sostener el autoabastecimiento de hidrocarburos, el empleo y la seguridad energética del país.
La decisión fue anticipada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien este miércoles por la tarde mantuvo un encuentro virtual con directivos de las principales petroleras del país. “La idea es tener un precio de referencia que evite que los proyectos que en la Argentina están en funcionamiento, aún con bajo nivel de actividad, no terminen de cerrarse bajo un escenario negativo», explicó el ministro. En el Gobierno miran a futuro. «Si no lo hiciéramos el gran peligro es que cuando la actividad se normalice y los precios vuelvan al alza, no tengamos la producción en pie y debamos importar petróleo, por eso buscamos dar certidumbre hacia adelante», agregó el funcionario.
Una vez que el DNU vea la luz, el precio de u$s 45 es el que se le deberá pagar a productores. Se espera una cláusula que habilita a la Secretaría de Energía de Sergio Lanziani a asignar cupos de compra para cada refinería y decidir a qué productora comprarle.
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