Para Fréderic, en el reglamento de la ex ministra y hoy mandamás del PRO “subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa, vulnerando sus exigencias y alcances al amparo de una justificación que pretende fundarse en el deber policial de hacer cumplir la ley”.
La norma recordó un recomendación de la ONU de un Congreso realizado en 1900 en La Habana, donde se estableció que los funcionarios policiales y de seguridad deben “utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de armamento letal, autorizando su uso sólo cuando otros medios resulten ineficaces” y que deben “hacer cumplir la ley deben en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana”.
Pero además, la Resolución 1231/2019 resaltó que “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
El texto de aclaró que el uso “irracional” incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito, toda vez que la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir.
Asimismo, remarcó que “este aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas que se encuentren en las inmediaciones en las que suceda el hecho”.
En la misma Resolución, la ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, estableció:
- Desactivar el permiso “precipitado” para que los policías utilicen las pistolas de descarga eléctrica Taser. “El arma electrónica ‘no letal’ podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal, esto es: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad”, detalló.
- Anular el Servicio Cívico Voluntario en Valores en manos de la Gendarmería, ya que “el diseño institucional y las finalidades y funciones asignadas” a esa fuerza “no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio” para jóvenes de 16 a 20 años.
- Dejó sin efecto el “Programa Ofensores en Trenes”, que habilitaba a solicitar DNI a cualquier persona en ámbitos del transporte público de pasajeros para constar algún delito por el simple hecho de parecer un sospechoso. “Es una medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”, consideró la nueva ministra de Seguridad y alertó que ese Programa es una “herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”.
- Dar marcha atrás con la cesión de los Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turística de Chapadmalal para armar allí un Centro de Formación de Gendarmes porque “no es adecuada” esa política “en el marco de una política pública de seguridad democrática, anclada en valores nacionales, populares e inclusivos”.
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