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Diputados aprobó el proyecto de «solidaridad social»: es el turno del Senado

Luego de más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó en general el megaproyecto de Ley de Solidaridad Social enviado por el Poder Ejecutivo. El oficialismo logró la media sanción por 134 votos a favor y 110 en contra.

Tras más de 15 horas Diputados votó, en general, un paquete de ajuste, suba de impuestos y freno a actualizaciones de jubilaciones por seis meses propuesto por el Gobierno, que incluye un festín de nueve emergencias, entre ellas, la económica. Tras conseguir 134 adhesiones -110 legisladores rechazaron-, la Cámara baja ya debate en particular el proyecto y el Gobierno tiene agendada una sesión para las 14 en el Senado con el fin de sancionar el polémico megaproyecto.

Para sellar los votos necesarios el oficialismo activó, en las últimas 48 horas, una senda de cambios y alicientes mínimos para “suavizar” a dos bloques menores de Diputados, entre ellos, el lavagnismo, que será clave -junto a la bancada de Unidad Federal, de José Luis Ramón- en la votación en particular de la extensa iniciativa.

A la hora de los cierres, el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner -le costó acomodar el sendero de su discurso entre tantos papeles que tenía en su banca-, no se refirió al proyecto, sino que apuntó de manera casi exclusiva al endeudamiento del macrismo. Momentos antes, el jefe del opositor Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri indicó que “no existen extremos parecidos al 2002 para semejante proyecto con 11 delegaciones de facultades” y pidió al Frente de Todos no esconder “la parte de la película en la que actuaron ustedes”, por las diputas entre macrismo y kirchnerismo en cuanto a herencias recibidas. También dijo que el proyecto “es un impuestazo sin bajar gastos” basado en “el campo, la clase media y los jubilados”.

Desde la mañana de ayer y, a través de redes sociales, el propio Alberto Fernández aseguró que el kirchnerismo contaba con los “votos” pero se disponía a realizar nuevas modificaciones. Apuntó, en específico, a “incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”. Se refería al urticante artículo 49.

Para el caso de las jubilaciones, el Gobierno organizó una estrategia con un puñado de operadores para justificar el congelamiento que contiene la iniciativa y así ofrecer argumentos a la militancia. Sin embargo, las modificaciones gatillaron aún mayores críticas de la oposición. Quien se hizo un festín con la letra del proyecto fue Luciano Laspina, la principal espada económica del PRO: “Ahora miramos el nuevo dictamen y tenemos jubilados de primera y de segunda. Se excluyeron -del congelamiento por seis meses- a docentes, científicos y jueces. No tengo nada contra ellos pero quiero saber por qué un empleado público sí y otros no”.

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