La organización ambientalista Manekenk presentó una denuncia penal contra tres ex funcionarios de la gestión de Rosana Bertone, vinculados directamente con las gestiones administrativas de la obra denominada Corredor del Beagle. Se trata de Leonardo Gorbacz, Luís Vázquez y Gonzalo Zamora, a quienes acusan de tener conocimiento de 300 yacimientos arqueológicos descubiertos en el primer tramo de la ruta proyectada, aunque habrían ocultado la información. “Que den explicaciones, que se hagan cargo, esto es un delito penal”, indicaron desde la fundación.
La titular de Manekenk, Nancy Fernández, señaló que “la afectación de restos arqueológicos es un delito penal que está tipificado”, y agregó que “queremos que den explicaciones y, además, queremos que todos aquellos que intervinieron en la cadena de decisiones de esta obra se hagan responsables, porque están afectando el patrimonio de los fueguinos y de los argentinos”.
“Son zonas muy especiales, en términos no sólo patrimoniales y ambientales -dijo la activista-, y por una decisión caprichosa, y sin ningún tipo de fundamento ambiental, turístico y económico, se largaron hacer una obra que hoy, para los vecinos de Río Grande, quizá está un poco más alejado, pero si se acercan y toman la Ruta J, y van a conocer hasta Moat, cuando vengan este verano, realmente, se van a llevar una tristeza en el alma, porque han hecho un desastre”.
La denuncia penal contra los ex funcionarios surgió a partir de un informe de la consultora Terramoena que daría cuenta de unos 300 yacimientos arqueológicos en el primer tramo de la obra, lo cual contrasta con los siete yacimientos que habían sido mencionados en el estudio de impacto ambiental aprobado por la gestión provincial.
“El gobierno estaba al tanto desde enero, porque el arqueólogo, Lucas Turnes lo advirtió, el Museo del Fin del Mundo lo advirtió, hicieron oídos sordos, desoyeron todas las recomendaciones, incluso la empresa que trabajó entre los meses de abril y mayo sugiere hacer una cambio de traza por la gran densidad de yacimientos que hay en esa zona, que es Punta Paraná, Punta Segunda hasta el Cierre Molino, que sería la sección dos del tramo uno de la ruta”, criticó Fernández.
Según expresó la ambientalista en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, no se respetó el protocolo de acción ante el descubrimiento: “Las leyes nacionales indican que, ante el hallazgo del resto humano, inmediatamente debe pararse la obra que se esté realizando, sea cual sea, y se debe convocar a la comunidad aborigen de pertenencia de ese territorio, para que la comunidad decida qué es lo que quiere hacer con ese resto, y si quiere puede decidir que no se extraiga”.
Así mismo, la defensora del medio ambiente remarcó la expectativa que genera la asunción de Gustavo Melella a cargo del Ejecutivo Provincial, teniendo en cuenta que el propio gobernador electo había solicitado a la Justicia que la obra sea paralizada. Fernández dijo que “tenemos puesta la esperanza en que una de la las primeras medidas que va a tomar el gobernador apenas asuma mañana va a ser parar la pelota, porque de hecho, si lo hizo cuando era gobernador electo y todavía no era gobernador a cargo, estimo que va a hacer lo mismo”.
“Estamos esperando definiciones entre hoy, mañana o pasado, que terminaría el período ordinario de la Justicia, ya hemos pedido la apertura de la Feria Judicial, y el grupo de organizaciones, que somos tres, estamos dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”, expuso Nancy Fernández.
La titular de la ONG remarcó que “en este mes de noviembre pasado, nos llega también el estudio realizado por la empresa que se llama Terramoena, que fue contratada por el gobierno en los meses de abril y mayo, que de alguna manera dejan en evidencia que toda esta gran densidad de yacimientos arqueológicos estaban anunciadas en estos estudios y, como consecuencia de esto, a fin de año, con la traza de la ruta se produce este hallazgo inesperado para los arqueólogos actuales”.
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