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Expectativas de las víctimas en la antesala de las indagatorias por torturas en Malvinas 

Entre el 5 y el 6 de diciembre la jueza Federal Mariel Borruto dará inicio a las indagatorias por las presuntas torturas a soldados argentinos por parte de sus superiores.

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, indagará a cuatro ex militares en el marco de la causa sobre torturas perpetradas por los jefes del ejército contra sus propios soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas, en 1982. El abogado del CECIM (Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas, de La Plata), Gerónimo Pereyra Iraola, se manifestó esperanzado por un futuro donde el Poder Judicial avance sobre los noventa y cinco acusados, a doce años de presentadas las denuncias.

Pereyra Iraola destacó la expectativa de los miembros del CECIM y de “cada una de las víctimas”, por considerar que las indagatorias del 5 y 6 de diciembre se podrían convertir en un “punto de inflexión”, teniendo en cuenta que “las personas acusadas de haber cometido está grave violación a los Derechos Humanos, por primera vez, darán explicaciones ante la Justicia Federal Argentina”. “Nos parece que iniciará una nueva instancia, una nueva velocidad al proceso, que lo vemos muy auspiciosa”, señaló el letrado.

Dra. Mariel Borruto, Jueza Federal de Río Grande

 

Los indagados

Los indagados serán Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi durante la primera jornada; y  Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini, al día siguiente. Se investigan violaciones a los Derechos Humanos, tales como torturas en formas de “tormentos, estaqueamientos y enterramientos de soldados en agua helada”.

Según explicó el abogado platense, las acusaciones son por distintos grados de responsabilidad y diferentes instancias de participación: “Hablamos de artífices directos, es decir que cometieron específicamente los hábitos de tortura, y hay quienes dieron la orden también”. “Justamente con esto se empieza a configurar la trama delictiva, que nosotros entendemos que tiene que ver también con la cadena de mando”, explicó Pereyra Iraola.

A su vez, el abogado criticó a la Justicia por las demoras, en el marco de una causa por hechos que sucedieron prácticamente cuarenta años atrás, donde la burocracia administrativa de los juzgados tardó ya doce años en un primer llamado a testificar y, aun así, hubo una suspensión de diecisiete indagatorias previstas para comienzos de este año. “Más allá de que, realmente, celebramos de que esto será, efectivamente, un punto de inflexión, no podemos dejar de remarcar la responsabilidad de la Justicia Argentina en relación a las dilaciones, en lo que concierne al acceso a la justicia de las víctimas”, cuestionó el asesor legal del CECIM.

 

“Hubo un plan sistemático”

Uno de los planteos centrales en las acusaciones que estudia el juzgado Federal de Río Grande es que las prácticas de torturas durante la guerra de Malvinas fueron la continuidad de un plan de exterminio.

Pereyra Iraola explicó que “estas fuerzas armadas, formadas para la represión interna, cometieron estos crímenes a lo largo y a lo ancho de todo el teatro de operaciones del Atlántico Sur, en todas las unidades militares, y en las tres fuerzas que componen el Estado Mayor Conjunto tenemos al menos un caso”.

“Tiene una similitud enorme con lo que se llevó adelante en los centros de detención clandestinos en territorio continental argentino”, remarcó el abogado, y agregó que “esto es lo que nos da la pauta de que había una formación de los cuadros militares para llevar adelante este tipo de prácticas, que adaptaron a las condiciones propias de Malvinas, el territorio, y a los factores climáticos”.

Otro de los aspectos mencionados en la argumentación de la existencia de un sistema de torturas como parte de un proyecto de aniquilación, tiene que ver con distintas medidas adoptadas luego del conflicto bélico para silenciar a víctimas y testigos. “Una vez finalizada la guerra, el 14 de junio de 1982, el estado terrorista montó los CARI (Centro de Asistencia y Rehabilitación Integral), que funcionaron como una suerte de steelock del nazismo, y además allí se montaron acciones, mecanismos de acción psicológica y de inteligencia, para llevar adelante lo que nosotros decimos fue una tecnología estatal, una burocracia estatal, tendiente a generar unas condiciones de impunidad, se les obligó a los soldados que habían sufrido torturas guardar silencio y a todos los que habían sido testigos a hacerlo”.

“El sistema funcionó bastante bien, cuatro décadas después, podemos decir que esta sistematicidad, que planearon los artífices del horror en la Argentina, durante el período más aciago de nuestra historia, realmente dio sus frutos”, sentenció Pereyra Iraola.

 

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