El Gobierno autorizó un aumento en el precio de los combustibles del 5% desde esta medianoche. La decisión «busca también prevenir eventuales problemas de desabastecimiento que pudieran ocurrir», indicaron en la Secretaría de Energía.
«Con el objetivo de amortiguar el impacto de la finalización el próximo 13 de noviembre, del periodo de vigencia establecido en el decreto 566/2019 en los precios en surtidor [congelamiento], el Gobierno autorizará una suba del 5% de los combustibles y del dólar de referencia para el precio del crudo, que se establece en $51,77», dijeron en el Gobierno.
Desde que se implementó el congelamiento por 90 días, el viernes 16 de agosto, el Gobierno fijó dos variables para la comercialización del crudo y de los combustibles: el tipo de cambio y el precio del barril del petróleo. En este periodo, la Secretaría de Energía había permitido una suba en el valor fijado del dólar, que se reflejó en un incremento del 4% en las naftas.
Con este nuevo incremento, el tipo de cambio regulado pasó de $49,30 a $51,77, mientras que el precio del barril de petróleo se mantiene desde el inicio del congelamiento en US$59.
Según los cálculos de la Secretaría de Energía, los precios estaban atrasados un 20%, aunque no había margen para subir lo que pedían las empresas y las provincias petroleras. «La brecha remanente que estimamos luego de este aumento es del orden del 15%», señalaron en la cartera de Energía.
A partir del 14 de noviembre, los precios volverán a ser libres y los fijarán las empresas, tanto los del surtidor como el pagado a los productores. Sin embargo, las petroleras repiten que nunca se aplicó un aumento tan brusco del 15%. Cuando hubo estas diferencias entre el precio local y el internacional, las empresas hicieron alzas escalonadas. La máxima suba que se hizo fue de 9,5% en el área metropolitana en septiembre del año pasado.
En lo que va del año, la demanda de nafta súper se mantuvo estable, pero porque reemplazó el consumo de la premium, que se derrumbó un 25% respecto del año pasado.
La medida de fijar el precio del combustible y del crudo había traído malestar en la industria. YPF admitió a sus accionistas que la resolución implicaba dejar de ganar hasta US$120 millones por mes. De hecho, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) presentó la semana pasada una acción de amparo judicial en reclamo de la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Integran la cámara YPF, Pan American Energy (PAE), Raízen, Pluspetrol, Total Austral, Chevron y Shell, entre otras.
En el comunicado que emitieron indicaron que «el congelamiento de precios generó una grave distorsión que repercute en los niveles de inversión, la actividad y el empleo».
Hasta entonces, la petrolera Vista Oil & Gas, que fundó Miguel Galuccio, había sido la única en presentarse ante la Justicia para rechazar la medida. Luego se sumaron las provincias de Neuquén y Río Negro, que también protestaron por las regalías que dejan de percibir.
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