Este martes, los miembros del Consejo de la Magistratura se reunieron en la ciudad de Ushuaia para dar tratamiento a temas que sobresalían en la agenda y que involucraban directamente a jueces y fiscales del Poder Judicial fueguino.
En todos los casos, los consejeros resolvieron rechazar las denuncias y pedidos de jury y juicio político, dejando en algunos casos las puertas abiertas para que sea el Superior Tribunal de Justicia el que imponga algún tipo de sanción «disciplinaria».
La sesión contó con la participación de la mayoría de quienes componen el órgano: Gonzalo Sagastume (Presidente), Leonardo Gorbacz (representante del Poder Ejecutivo), Federico Bilota (Legislativo), Pablo Blanco (Legislativo), Oscar Suárez (Abogados Ushuaia) y Miguel Ángel Castro (Abogados Río Grande). Solo se ausentó, con aviso anticipado, Virgilio Martínez de Sucre.
Los casos tratados (y rechazados)
En principio, los integrantes del cuerpo decidieron no hacer lugar al pedido de «jury» impulsado por un abogado del fuero local y firmado por dos letrados domiciliados en la provincia de Buenos Aires, contra el juez de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Norte, Raúl Nadim Sahade, y el fiscal Pablo Candela.
Ambos habían sido acusados de no cumplir con sus deberes de funcionario público, en una causa en la que terminaron interviniendo incluso abogados de Buenos Aires, que cuestionaron el accionar de los dos en el marco de la presentación realizada contra el intendente Gustavo Melella.
Finalmente, los consejeros dispusieron por mayoría desestimar la denucia contra Sahade y Candela.
Tepedino vs Urquiza
En otro polémico caso, los consejeros fallaron en igual sentido al rechazar el pedido de jury de enjuiciamiento contra la Dra. Laura Urquiza, que protagonizó un verdadero escándalo al solicitar que se detenga al secretario del juez Sahade, Eduardo Tepedino.
Al respecto, el Consejero Gorbacz citó el precedente del Expte. no 2064/96 “el cual ostenta características análogas al presente”, en donde se resolvió una sanción de apercibimiento en el marco del Superior Tribunal de Justicia. Gorbacz se refería a un caso sucedido en Río Grande, cuando el Poder Judicial tenía su sede en el edificio conocido como “ex Offen Plaza”. Corría el año 1995 cuando un juez camarista solicitó la fuerza policial para expulsar de su despacho a quien hasta ese día era su secretaria.
En este caso, en coincidencia con lo sugerido por Gorbacz, el Consejo de la Magistratura determinó que queda abierta la posibilidad de que, más allá de que este proceso no prospere, sea el Superior Tribunal de Justicia el que imponga algún tipo de sanción contra la integrante del Ministerio Público Fiscal.
Bechis vs.Maiztegui
Por último, también fue rechazado el tratamiento de juicio político que los delegados del gremio Judicial Luis Bechis y Julio Piumatto habían requerido en contra de la Dra. Felicitas Maiztegui, jueza en la ciudad de Ushuaia.
La magistrada había vertido polémicas declaraciones en sus redes sociales, siendo acusada por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación de «negar a los 30 mil desaparecidos» en el marco del último proceso cívico militar en la República Argentina.
El Consejo de la Magistratura, avalando el informe presentado por la presidencia, votó por el rechazo de la denuncia.
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