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Regalías: Por qué las provincias van a la Corte Suprema contra el gobierno nacional

Tierra del Fuego hará su presentación el lunes, anunció Bertone. Ayer lo hicieron Río Negro, Neuquén y La Pampa. Esperan gesto de Nación para retirar eventualmente las medidas cautelares.

Neuquén, Río Negro y La Pampa presentaron ayer ante la Corte Suprema el pedido de inconstitucionalidad del decreto de Mauricio Macri que dispuso el congelamiento del precio del petróleo por 90 días, al sostener que verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones. En tanto que la compañía petrolera Vista Oil & Gas, que dirige el ex-CEO de YPF Miguel Galuccio, presentó también una demanda ante los tribunales federales contenciosos administrativos para voltear la medida.

A estos tres distritos se sumará hoy Santa Cruz, con un amparo para evitar pérdidas estimadas entre $300 y $500 millones mensuales por regalías, y Tierra del Fuego la semana que viene.

La queja que comparten los gobernadores se centra en el método que adoptó la Casa Rosada al establecer el precio de la nafta fijando un dólar petrolero a $45 y el barril de crudo en u$s59. Esa ecuación, sostienen, afecta regalías y pone en peligro inversiones, lo que amenaza no sólo con quebrar la estabilidad macro, sino con alterar la paz social en los yacimientos.

La decisión de recurrir a la Justicia había sido confirmada por los mandatarios luego de la reunión que mantuvieron el martes en Buenos Aires con empresas petroleras y funcionarios nacionales.  En ese encuentro se acordó, además, crear la semana próxima una mesa técnica comandada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para evaluar las propuestas presentadas por las compañías y los mandatarios, que buscan ser compensados por los costos de la medida adoptada tras las PASO.

Tal como había adelantado el gobernador Omar Gutiérrez, Neuquén pidió ante la Corte la nulidad del DNU 566 por considerar que “modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y -consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas”.

“El Poder Ejecutivo Nacional se arrogó el ejercicio de facultades legislativas exclusivas del Congreso, violentando de forma directa el procedimiento que prevé la Constitución nacional”, aseguró el escrito presentado por el fiscal de Estado, Raúl Miguel Gaitán.

Por su parte, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck dijo que “por las medidas nacionales, la provincia y los municipios dejarán de percibir unos $1.000 millones; las provincias que no son productoras de gas y petróleo no perderán tanto, y en otras que producen más el impacto será mucho más fuerte”.

La Pampa se expresó en el mismo sentido mediante una presentación que realizó ante el máximo tribunal el fiscal de Estado José Vainini para solicitar “que cese la medida y permita seguir cobrando lo que le corresponde” al distrito.

El anuncio de Bertone

La postura de los mandatarios provinciales fue fijada ayer en una reunión que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas «no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales» y tildaron a las propuestas del Ejecutivo nacional como “inconsultas y electoralistas”

En ese sentido, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, confirmó hoy «los 19 gobernadores decidimos ir a la justicia a partir del lunes» para plantear sus quejas contra distintas medidas anunciadas porque, dijo a radio La Red, «no se ve que haya voluntad política concreta de resolver los temas».

La mandataria fueguina ratificó que la medida afecta los ingresos por regalías y precisó que en su provincia supone una pérdida de “alrededor de 89 millones de pesos”, a lo que “hay que agregarle los efectos en la reducción de la actividad por menor cantidad de inversiones”.

«Con esa medida el esfuerzo es solo de las provincias productoras de petróleo y en realidad hay que hacer eje en quién se pretende que pague por estas cosas», señaló el Ministro de Gobierno rionegrino Luis Di Giácomo.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se mostró «indignado» por las medidas de alivio que anunció el gobierno nacional en los últimos días y las calificó de «unilaterales, inconsultas y electoralistas».

«Nos enteramos por los medios de que se apropiaban de $30.000 millones de las provincias, pero también indigna que sea son solo por tres meses, con un claro tinte electoralista», dijo Bordet.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, el socialista afín a Consenso Federal Miguel Lifschitz, dijo que evaluará con sindicatos estatales los ajustes salariales para ver «como vamos a llegar a fin de año» tras las medidas de alivio anunciadas por la Nación al señalar que significan una merma de cuatro mil millones de pesos para la provincia.

“Tenemos que rearmar nuestro esquema y ver cómo vamos a llegar hasta fin de año”, observó Lifschitz, quien recordó que en la provincia «no tenía previsto suspender la cláusula gatillo” y sostuvo que “hace una semana la había ratificado”.

Varios de los mandatarios que se reunieron ayer en el CFI plantearon que solicitarán a la Nación “mecanismos de compensación”, algo que fue descartado por el ministro de Economía, Hernán Lacunza.

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador Miguel Ángel Pichetto, dijo hoy las medidas anunciadas “tienen total razonabilidad y no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias. Las medidas están dirigidas a los sectores populares y más carenciados. Tienen total razonabilidad y no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias”.

Al respecto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, consideró que la quita del IVA a los alimentos es una medida «muy razonable» y aseguró que la provincia no llegó a un esquema de compensaciones con la Nación por la eventual merma de coparticipación federal.

«La recaudación tenemos que cederla para que la plata vaya al bolsillo de la gente, que es lo principal», manifestó Valdés durante una conferencia de prensa.

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, pidió «comprensión» y «solidaridad» a los gobernadores peronistas y de partidos provinciales que acordaron ayer un documento en el que solicitaron al gobierno nacional que retrotraiga las medidas.

 

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