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Crece el escándalo por los terrenos usurpados en barrio Fuerza Unida

El Municipio salió a dar su versión acerca del predio en disputa. Los concejales muestran posturas divergentes mientras crece la preocupación de los vecinos por un posible desalojo.

Pasadas las elecciones provinciales comienzan a quedar expuestas las promesas de campaña no cumplidas y los perjuicios que muchas veces provoca el facilismo político en aras de disputar un voto. Esa parece ser la situación que se descubre a partir de la intimación recibida por los ocupantes ilegales del barrio Fuerza Unida para que desalojen el predio.

Quien dice ser la propietaria de los terrenos, la empresa Activos Fueguinos S.A. reclamó por carta documento la restitución del predio, disparando controversias y acusaciones cruzadas entre los diversos ámbitos políticos.

En el Concejo Deliberante fracasaron las varias reuniones que se intentaron en estos últimos días, al decir de la edil Miriam Mora “porque varios concejales no están en la provincia”. Los vecinos, aunque acudieron al Concejo en busca de auxilio apenas recibidas las intimaciones, parecen sentirse manoseados, y avisaron que no volverán a la sede del deliberante, sino que esperan que sean los concejales los que se apersonen en el barrio para hablar con ellos.

Mora lamentó que no se haya tratado oportunamente un proyecto que promovía la expropiación, idea que rechaza terminantemente su par, Raúl von der Thusen.

“Es muy llamativo que se esté discutiendo ahora una posible expropiación, a pocos meses de una nueva elección”, sospechó el edil del partido Verde, para quien “Este conflicto refleja la falta de políticas en materia habitacional por parte del Municipio de Río Grande”.

 

El proyecto quie nadie trató

Von der Thusen coincidió con Mora al admitir que “el proyecto de expropiación fue presentado por el Municipio hace 8 meses, y jamás se movió un papel en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad”.

“Alguna concejal pretendía que el mismo día de la presentación de este proyecto, se vote sin discusión en Comisión –disparó el abogado Von der Thusen- por supuesto que me opuse porque estamos hablando de una grave irresponsabilidad, dado que ni siquiera tenemos un valor aproximado de lo que puede costar esta expropiación”. “Estamos hablando del dinero de todos los riograndenses”, reflexionó.

Antes de las elecciones –y durante los meses previos- el gobierno provincial tuvo una activa participación en la relación con los atribulados vecinos del Fuerza Unida. Sin embargo, ninguno de sus funcionarios se expidió sobre el tema esta semana.

Desde el municipio,  mientras tanto, se explicó que se está trabajando “en tres opciones para solucionar la situación del barrio Fuerza Unida;  las mismas comprenden la expropiación, la conformación de un fideicomiso o un canje de tierras con la empresa Activos Fueguinos, propietaria de los terrenos en discusión”.

“Hace 20 días atrás vino el dueño de la tierra, se juntó con nosotros y nos manifestó que había estado en conversaciones con el Gobierno de la Provincia, que iban a armar un fideicomiso con la provincia y que esto se iba a solucionar”, traslada el problema la gacetilla del Municipio.

Respondiendo a las acusaciones de Von der Thusen de supuesta “falta de políticas en materia habitacional”, desde el Municipio responden que “En nuestra gestión tuvimos una sola usurpación donde ahora está el Centro de Salud de Margen Sur. Cuando esto ocurrió, nosotros inmediatamente desalojamos, interviniendo con varias áreas municipales con mucho respeto por esas familias, pero haciendo lo que se debía hacer. A partir de ahí, en siete años y medio de gestión nunca más tuvimos una ocupación en la Ciudad de Río Grande”.

En el fondo, subyace el problema de obras ejecutadas fuera de norma y sin autorización de los organismos correspondientes, el altísimo costo al que se deberían  comprar terrenos que años atrás tenían valor residual, y –por sobre todo- quién deberá desembolsar los dineros que hacen falta para regularizar una situación que lleva años de yerros, engaños y políticas clientelistas. Es de desear que no sea como siempre ocurre, que el costo lo paguen los sufridos contribuyentes.