A un año de su inauguración, el Laboratorio del Fin del Mundo de Ushuaia ya llama la atención de toda la industria farmacológica y de los grandes consumidores de medicamentos como lo son las obras sociales.
Una extensa nota del diario argentino “la nación” le augura una importancia estratégica fundamental, valora su sistema de administración y lo incluye en una red de centros de producción, algunos de bien ganado prestigio, como el Centro de Hemoderivados, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Entre los principales compradores del sistema sanitario –destaca la nota- se encuentran el PAMI, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, los ministerios de Salud provinciales, la obra social bonaerense IOMA y otros proveedores de servicios médicos similares de todo el país. Los productos que se elaboran en esta red de laboratorios públicos muchas veces son los que la industria privada discontinúa, como los fármacos para la tuberculosis, los antídotos para venenos o la vacuna contra la rabia humana, o que el sector privado los cotiza a muy alto costo, como las terapias destinadas al alivio del dolor en los pacientes con cáncer.
El antirretroviral del Sur
Por un convenio de transferencia de tecnología con la farmacéutica Bristol-Myers Squibb, desde Ushuaia hablan con orgullo de su primera producción el mes pasado: 1,8 millones de comprimidos del antirretroviral atazanavir 300 mg para los beneficiarios del Programa Nacional de HIV/sida. Faltan las firmas que autoricen el traslado a Buenos Aires de los 60.000 frascos de Suravir, el «antirretroviral del sur».
«Pasamos todas las evaluaciones para asegurar que a los usuarios les llegara un producto en idénticas condiciones del que venía de los Estados Unidos», dice su presidente, Carlos López. «En los próximos 12-18 meses vamos a pasar a otra etapa productiva y, luego, a producción completa desde el componente activo hasta el comprimido, además de nuevos desarrollos que ya tenemos en agenda».
Sus 25 empleados son ingenieros químicos, farmacéuticos y contadores fueguinos, de entre 27 y 32 años. El compromiso asumido habla de una provisión de 6 millones de píldoras, unos 16.000 tratamientos antirretrovirales anuales. «El Estado visualiza que la producción de medicamentos por laboratorios públicos es estratégica: da un cierto grado de independencia en la producción, el acceso y la investigación», agrega López.
(Nota completa en diario La Nación: Una revolución silenciosa…)
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