Durante el fin de semana, la Justicia de Ushuaia ordenó diversas diligencias en domicilios relacionados a la causa que investiga desmanejos en la entrega y adquisición de viviendas «sociales» otorgadas en un principio por el Gobierno a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Entre los procedimientos, el propio Secretario General del gremio, Carlos Córdoba, debió sufrir el allanamiento de su vivienda, de donde se secuestró documentación, elementos vinculados a la causa y hasta el propio teléfono celular del dirigente.
Por si fuera poco, El Diario del Fin del Mundo consigna hoy que, según fuentes judiciales, Córdoba sería citado a indagatoria por la Justicia en la causa en la que aparece como denunciante.
La causa
En el requerimiento efectuado por el Fiscal en turno, Nicolás Arias, se desprende que la investigación surge a raíz de la conducta desplegada por Miguel Ángel Arana y Daniel Alberto Belbey (se suicidó el 31 de mayo), quienes habrían defraudado mediante abuso de confianza o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, al menos a una mujer y a un hombre de 60 años.
Arana y Delbey ocupaban cargos jerárquicos en la Comisión Directiva del gremio de ATE, en el área de Acción Social, y ambos habrían vendido a los dos damnificados viviendas a realizarse por el sindicato en la urbanización Barrancas del Río Pipo de Ushuaia, cuando a esos inmuebles sólo podían acceder empleados del Estado Provincial y afiliados al gremio de ATE, requisitos que estas personas no cumplían.
Para el Fiscal Arias, el hecho se encuadraría en el delito de estafa. La causa Nº 3744/2018 caratulada “Córdoba, Hipólito Carlos s/denuncia” se tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Doctor Javier De Gamas Soler.
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