La reunión de los ministros Dujovne (Hacienda) y Frigerio (Interior y Obras Públicas) con los ministros de Economía de las provincias no fue una negociación ni mucho menos. Tan sólo fue un detalle acabado (power point mediante) de cuáles son las posibles alternativas para reducir el gasto y que los gobernadores elijan dónde efectuar la poda.
“Nos dijeron claramente que si no decidimos nosotros lo harán ellos asumiendo el costo político, pero la decisión de ajustar es irreversible”, lamentaron los funcionarios provinciales al salir de la frustrante reunión.
Según los técnicos de Macri, las provincias tienen más margen que la Nación para reducir gastos, pero desde Tierra del Fuego se defienden: “Ya hicimos el ajuste en el 2018, logramos con mucho esfuerzo un presupuesto equilibrado y ahora nos vienen a decir que por errores del gobierno nacional hay que volver a empezar todo de cero”, se lamentan.
El total del ajuste que exige el FMI es de 300 mil millones de pesos en el Presupuesto 2019 (aproximadamente 1,3% del PBI). Unos 200 mil millones son obra pública, subsidios y menores salarios públicos. Los otros $ 100.000 millones lo deben afrontar las provincias. A Tierra del Fuego le tocan $1.200 millones de esa porción. ¿Por dónde empezar?
De acuerdo al power point de Dujovne, el menú de opciones pasa por dos vías: O se eliminan subsidios, con el consecuente brutal aumento de tarifas, o se recortan gastos en sectores que ya no soportan más ajustes, como el docente o los jubilados.
Los subsidios:
Los servicios bajo la lupa son dos: el gas y el transporte público.
En las provincias patagónicas las facturas de energía aún conservan un 73% de la tarifa subvencionada, aseguran en Nación. Si se acelera la quita de subsidios las facturas podrían llegar a multiplicar su monto hasta por ocho.
Respecto del transporte, cuenta con el subsidio al gasoil, aportes nacionales y de los municipios. Si se eliminan estos beneficios, el aumento del boleto sería imposible de afrontar. Los gobernadores lograron que se les prometa que si se elimina la protección en las provincias, lo mismo ocurriría en Capital Federal, donde el boleto cuesta un mínimo de $2,40. Es muy poco para consuelo.
El gasto:
Si se opta por achicar el gasto público (como dijimos, Tierra del Fuego debería ahorrar $1.200 millones), el impacto recaería en obras, salarios estatales, el Fondo de Incentivo Docente y jubilaciones, entre otras áreas.
Por ahora, la Caja de Previsión estaría fuera de cuestionamiento, luego del fuerte ajuste que ha sufrido. Aunque no escapa a la exigencia de congelar valores para todo el 2019.
Así, los jubilados nacionales fueguinos quedarían incluidos en el congelamiento que se dispondría a nivel nacional, con más la reducción de la Zona Patagónica del 40% al 20%.
El Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente, unos $2.800 por cargo) debería ser eliminado también, según el lápiz rojo del gobierno nacional.
La obra pública sufrirá un fuerte recorte, en especial en las provincias. El Fonavi dejaría de girar fondos, con lo cual el IPV debería afrontar en soledad la necesidad de construir viviendas.
Planes sociales menores, que se ejecutan en las provincias con fondos de distintos Ministerios como Salud y Desarrollo Social, sufrirían también la poda. Esto incluye medicamentos, vacunas y planes asistenciales.
Empleo público
La mayor preocupación para los funcionarios de la gobernadora Bertone pasa por la exigencia indeclinable de congelar salarios y vacantes en el 2019, además de dar de baja contratos. “El congelamiento lo dispusimos antes que nadie, en 2018, los gremios van a exigir negociar aumentos para 2019, lo que nos pone entre la espada y la pared”, se desesperan.
Y eso que en la reunión no se habló de la 19.640.
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