Efectivos de la policía de Tierra del Fuego realizaron un procedimiento de constatación en un complejo de cabañas en la ciudad de Tolhuin, perteneciente al empresario santacruceño Lázaro Báez, en el marco de la investigación sobre el cuidador de esa propiedad Rubén Siles, por supuesta estafa en perjuicio del propio Báez.
La medida ordenada por el Juez de Instrucción de Río Grande, Daniel Césari Hernández y cumplimentada por efectivos de la comisaría de Tolhuin, con participación de miembros de la División de Policía Científica, incluyó la identificación de todas las personas que residen en cada una de las cabañas del complejo situado a orillas del lago Fagnano, sobre el camino de ripio que conduce al centro del municipio.
La diligencia, que comenzó pasadas las 17,00 y se extendió hasta después de las 20, también buscó determinar si los inquilinos contaban con contratos u otros instrumentos que acreditaran el derecho a habitar las cabañas, informaron a Télam fuentes judiciales.
La causa se inició a raíz de un oficio remitido por el juez Federal de Buenos Aires Sebastián Casanello, que investiga a Báez por irregularidades en la obra pública nacional y lavado de dinero. Apunta a determinar si Siles cobraba unilateralmente los alquileres de las propiedades sin rendir cuenta al empresario detenido desde abril de 2016.
Inversión de Báez ¿testaferro mediante?
Las once cabañas de piedra y madera construidas al costado de un camino de ripio que conecta la cabecera del lago Fagnano con el centro de Tolhuin, fue una de las múltiples inversiones que Báez realizó en la isla, cuando encaró la expansión de su emporio de alquileres, rentas, y actividades diversas.
Las once cabañas se encuentran alquiladas, pero no a turistas, sino a vecinos de Tolhuin que pagan $ 8.500 por mes, según pudo corroborar La Nación. Las cabañas aparecieron ofrecidas en alquiler en los clasificados de la pequeña localidad y ocupadas rápidamente. Lo que ahora la justicia trata de investigar es quien es el destinatario final del pago de esos alquileres.
La investigación fue impulsada por el juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a Báez por lavado de dinero y realizó una investigación exhaustiva del patrimonio del empresario santacruceño en todo el país.
En octubre del año pasado, los enviados de Casanello llegaron hasta Tolhuin. Allí se encontraron que Rubén Siles, cuidador de las cabañas, cobraba el alquiler por su cuenta, de una propiedad ajena. Por esta razón, el juez federal derivó la causa al juzgado fueguino.
El sospechado, Rubén Siles, es un empleado municipal de 44 años, quien quedó en el medio de la investigación por presunta estafa o lo que en términos jurídicos se denomina «defraudación por administración infiel», que ahora se tramita en el juzgado de Instrucción de Río Grande a cargo del juez Daniel Césari Hernández y el fiscal Pablo Candela.
Cuando la Policía Federal se presentó en el complejo el año pasado, Siles fue quien abrió la puerta de las cabañas y de la hostería «Lo de Vilma», que también fue allanada y tasada como parte de las propiedades del empresario santacruceño.
¿Estafador o estafado?
Según detalló un informe de la agencia Télam, presente en el allanamiento, Siles explicó que el lugar estuvo hasta 2015 bajo administración de Alfredo Zárate, un empresario vinculado a Báez en la isla. En el acta de allanamiento, el empleado municipal reconoció ante la policía federal que él era el encargado del predio, pero que desde 2015, quien lo contrató no apareció más dejándole deudas por su trabajo.
Por esta razón, decidió alquilar las cabañas por su cuenta «y el dinero que obtenía como ganancia lo utilizó para abonar los salarios de dos empleados del lugar», según consta en el acta de allanamiento y aclaró que con el sobrante cancelaba las facturas de luz, agua y gas del predio.
A partir de esta situación, Casanello decidió que se continúe la investigación en la isla para determinar quién cobraba el dinero que debía llegar a Báez. El expediente llegó a Ushuaia hace unas semanas y desde allí circuló hacia Río Grande, aterrizando en el despacho del doctor Césari.
Según precisaron fuentes judiciales, la fiscalía solicitó que se identifique a Siles, las dos personas que también trabajan en el predio y el empresario Zárate mencionado por el cuidador de las cabañas. En tanto que se requirió al Registro de la Propiedad Inmueble que certifique el nombre del titular del complejo turístico, que hoy funciona como complejo de viviendas residenciales.
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