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La Legislatura va a la Justicia por los gastos reservados de Ezequiel Murray

El bloque del MPF en el parlamento provincial presiona para que el Gobierno explique en qué gastó más de $15 millones correspondientes a la Secretaría de Seguridad.

Cuando el tema parecía haber quedado debajo de la alfombra, la propia Legislatura pretende poner otra vez en escena los gastos reservados del secretario de Seguridad, Ezequiel Murray.

Es que el bloque del Movimiento Popular Fueguino en el parlamento provincial ha solicitado que la Justicia intime al Gobierno de Rosana Bertone a informar en qué gastó más de $15 millones que figuran en el presupuesto de Seguridad como «gastos reservados».

Así lo confirmó el legislador mopofista Pabo Villegas a ((La 97)) Radio Fueguina, quien fue uno de los primeros en poner el ojo sobre las irregularidades en el balance de la Secretaría  que conduce Murray.

Los «gastos reservados»

Sobre el cierre del 2017, las diversas carteras del Ejecutivo provincial llegaron a la Legislatura para rendir cuentas del ejercicio del año. Debían explicar cuánto dinero asignado fue utilizado y cómo fue ejecutado.

Al sucederse las distintas carteras, llegó el turno de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Ezequiel Murray, quien para sorpresa de los presentes informó que se habían ejecutado compras directas y secretas por montos millonarios.

En principio se dijo que habían sido $14 millones, luego $17 millones. En última instancia, trascendió que incluso se habían realizado otros dos gastos reservados: una $ 5,5 millones y otra por $ 1,4 millones.

De la Legislatura a la Justicia

Murray ya fue interpelado por los legisladores de la comisión pertinente, aunque de acuerdo al testimonio de los parlamentarios presentes en aquella ocasión, la situación lejos estuvo de clarificarse.

Ahora, 5 meses después y cuando ya pesa una denuncia penal por “malversación de fondos y violación a la Ley de Inteligencia Interior” contra Murray, los legisladores del MPF vuelven a la carga.

El propio Pablo Villegas confirmó que ha realizado una solicitud de intervención al Poder Judicial para que este intime al Gobierno a dar cumplimiento a la Ley 653, de Transparencia Pública, que habría sido quebrantada.

Qué dice la Ley

La Ley de Transparencia Pública indica que el derecho de acceso a la información solamente podrá ser limitado en los siguientes supuestos:
a) Que afecte la intimidad, privacidad u honor de las personas, ni bases de datos de domicilios o
teléfonos;
b) de terceros que la Administración hubiera obtenido en carácter confidencial y la protegida por el
secreto bancario;
c) cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa
judicial, o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional, o el suministro de
información y acceso a fuentes legalmente declaradas secretas o reservadas;

Los «gastos reservados», en la gama de los grises

«Los fondos reservados corresponden a una de las tres modalidades que la ley argentina establece como secreto de Estado. Las otras dos son la documentación secreta y la identidad de determinadas personas», explica Horacio Frech, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, autor del libro La legalidad del secreto de estado.

Es que el jurista señala que «la ley permite la utilización de gastos reservados», pero agrega: «Los únicos posibles son los destinados a las investigaciones criminales complejas. La premura en la investigación obliga a disponer de fondos suficientes para resolver situaciones inmediatas, pero nada impide su posterior rendición».

«El uso discrecional del dinero público bajo la figura de gastos reservados es innecesario: secretos deben ser los operativos policiales y judiciales, no el dinero público que se utiliza para esos procedimientos«, concluye Frech.