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A pesar de la prohibición y las amenazas de multa, en Río Grande hubo pirotecnia

La campaña realizada en la semana por el propio Secretario de Seguridad no funcionó. Como en Navidad, otra vez se escucharon fuegos artificiales en toda la ciudad.

Desde hace más de dos décadas, en Río Grande rige una prohibición total para el uso de fuegos artificiales y material de pirotecnia Sin embargo, en la ciudad pudieron escucharse detonaciones de elementos adquiridos ilegalmente, que pusieron en riesgo la propiedad privada y la vida de las personas que la manipularon, tanto directa como indirectamente.

Ni bien el reloj marcó el primer minuto, los estallidos se escucharon con fuerza en Chacra II, Chacra IV, la Margen Sur y hasta en la zona denominada Casco Viejo. En los mismos lugares, el año pasado los vecinos habían denunciado también la presencia de pirotecnia ilegal.

Lamentablemente, el ingreso de pirotecnia clandestina a la provincia sigue siendo moneda corriente. La falta de controles habilita un negocio solapado que, por fortuna, todavía no ha causado ninguna lesión grave a quienes la manejan, a terceros o incluso a las viviendas emplazadas en zonas aledañas a los lugares donde se produjeron las detonaciones.

Amenazas sin frutos

Luego de que en la Navidad cientos de vecinos expusieran esta situación, la Secretaría de Seguridad realizó una inefectiva «campaña de concientización» para evitar que esto se repita.

Fue el propio secretario de la cartera, Ezequiel Murray, quien recorrió todos los medios de la provincia amenazando a los vecinos con multas de hasta $65 mil que difícilmente se lleguen a concretar.

Qué dicen las ordenanzas

En Río Grade la normativa fue aprobada en 1994 durante la presidencia parlamentaria de Eugenio Santomé. La ordenanza 674/94 especifica la prohibición de tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o minorista y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación autorizada.

Asimismo, la norma prevé sanciones duras: el incumplimiento a lo dispuesto será penado con multa de 500 a 5.000 Unidades Punitorias (UP), más el decomiso de los elementos probatorios de la infracción.

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