El ex jefe de la Base Aeronaval “Hermes Quijada” y primer administrador de Aeropuertos Argentina 2000 en Río Grande, Juan Arturo Alomar, fue condenado hoy a trece años de prisión en el marco de la llamada causa “Esma 3” en la que fueron juzgados cincuenta y cuatro represores y genocidas.
El juicio –que terminó hoy- se ventiló en los tribunales federales de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires. Se puso en el banquillo a 54 personas por 789 hechos de secuestros, torturas y homicidios cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina de detención.
En el mismo fallo que condenó a Alomar fueron sentenciados a cadena perpetua los conocidos genocidas Alfredo Astiz y Jorge «Tigre» Acosta.
Un represor entre la comunidad
En su momento, la detención de Alomar conmocionó a los vecinos de Río Grande por el lugar prominente que el ex jefe militar había alcanzado en largos años de residir en nuestra ciudad.
Antes de afincarse en Tierra del Fuego militó en la Armada con el grado de capitán en la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, que según un testigo arrepentido, era una cobertura para sus reales actividades (bajo el alias “ariel”) en el denominado G.T. 3.2.2., un grupo de tareas de la represión en los años de plomo.
Terminada la dictadura y como experto piloto de helicópteros, en Río Grande supo desempeñarse como directivo en las empresas “Ranger 4” y “Helicópteros Marinos”.
Años después se haría cargo de la jefatura de la Base Aeronaval Río Grande y desde ese rango pasó a ser administrador del aeropuerto, por entonces denominado Hermes Quijada.
El lunes 16 de diciembre de 2008, por la noche, la novedad llenaría de asombro a los riograndenses: una comisión de la Policía Federal, siguiendo órdenes de la jueza Lilian Herráez y a pedido del juez Federal porteño Sergio Torres, procedía a detener al capitán de fragata retirado Juan Arturo Alomar, alojándolo en una habitación especialmente acondicionada de la Unidad de Detención Nro 1.
Estaba acusado de privación ilegítima de la libertad y torturas, cargo por el que, casi una década después, termina condenado a 13 años de prisión.
El juicio
En diciembre de 2008, junto a Alomar, el juez Torres dispuso las detenciones de los supuestos represores; Hugo Siffredi, Randolfo Scacchi, Francisco Di Paola, Luciano Becerra, Guillermo Horacio Pazos, Omar Alonso Eyzaguirre, Daniel Humberto Baucero, Héctor Francisco Polchi, Antonio Rosario Pereyra, Orlando González y Rodolfo Oscar Cionchi.
Todos ellos debían comparecer por los delitos de «privación ilegítima de la libertad y torturas» a personas que estuvieron cautivas en la ESMA. El proceso llegaría a involucrar a 54 procesados, en lo que resultó ser la causa más voluminosa relacionada con delitos de lesa humanidad y que finalizó hoy con las condenas y aboluciones que se detallan.
Jorge «Tigre» Acosta fue condenado a perpetua.
Randolfo Agusti Scacchi fue condenado a perpetua.
Juan Alemann fue absuelto. Era uno de los dos civiles acusados en este juicio.
Juan Arturo Alomar, condenado a 13 años de prisión por mayoría.
Paulino Oscar Altamira, condenado 8 años y 6 meses de prisión.
Mario Daniel Arru, condenado a prisión perpetua.
Astiz
Alfredo Astiz fue condenado a perpetua por los delitos de secuestro, torturas, privación ilegítima de la libertad, homicidio y sustracción y ocultación de identidad de menores de edad. Fuera de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, referentes de organismos de Derechos Humanos y militantes celebraron la condena.
Juan Antonio Azic, perpetua.
Daniel Humberto Baucero, condenado a 10 años de prisión.
Julio César Binotti, condenado 8 años de prisión.
Carlos Octavio Capdevilla, condenado 15 años de prisión.
Ricardo Miguel Cavallo, perpetua.
Rodolfo Cionchi condenado a prisión perpetua.
Miguel Enrique Clements, condenado 8 años de prisión.
Daniel Néstor Cuomo, condenado a prisión perpetua.
Alejandro Domingo D’Agostino, condenado a prisión perpetua.
Juan de Dios Daer, condenado a 8 años de prisión.
Hugo Enrique Damario, condenado a prisión perpetua.
Carlos Eduardo Daviou fue condenado a 12 años de prisión.
Francisco Di Paola, perpetua.
Jorge Manuel Díaz Smith fue condenado a 12 años de prisión.
Adolfo Miguel Donda Tigel, perpetua.
Juan Carlos Fotea fue condenado a 25 años de prisión.
Rubén Oscar Franco fue condenado a 20 años de prisión.
Miguel Ángel García Velasco, perpetua.
Pablo García Velasco, perpetua.
Alberto E. González, perpetua.
Orlando González, condenado a prisión perpetua.
Ricardo Jorge Lynch Jones fue absuelto.
Jorge Luis Magnacco, el «obstetra» de la ESMA, que intervino en los partos de las detenidas-desaparecidas, fue condenado a 14 años de prisión y, tras unificar la pena, deberá cumplir 24 años de prisión.
Luis Ambrosio Navarro, perpetua.
Víctor Roberto Olivera, condenado a 14 años de prisión.
Rubén Ricardo Ormello, fue absuelto.
Eduardo Aroldo Otero, condenado a 17 años de prisión.
Mario Pablo Palet, condenado a 8 años de prisión.
Guillermo Pazos, condenado a 16 años de prisión.
Antonio Rosario Pereyra, condenado a 10 años de prisión.
Antonio Pernías, condenado a prisión perpetua.
Claudio Orlando Pittana, condenado a prisión perpetua.
Julio Poch, el piloto holandés involucrado en los «Vuelos de la Muerte», fue absuelto.
Héctor Francisco Polchi, condenado a 11 años de prisión.
Jorge Carlos Rádice, prisión perpetua.
Cinco años en el banquillo
El proceso duró cinco años (empezó el 28 de noviembre de 2012). Por las audiencias pasaron unos 900 testigos, entre ellos unos 400 sobrevivientes. A lo largo de este proceso, once de los 68 imputados originales murieron y tres fueron apartados del juicio por razones de salud. El Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Pallioti, Leopoldo Bruglia y Daniel Obligado, fue el encargado de la lectura del veredicto.
La megacausa incluyó delitos como los denominados «vuelos de la muerte», en los que se arrojaba al mar a personas secuestradas, por los que están acusados el prefecto retirado Georges Mario Daniel Arru; Alejandro Domingo D’Agostino, jefe de la División de Veteranos de Guerra de la Prefectura; y el piloto de la línea aérea holandesa Transavia y marino retirado Julio César Poch, extraditado desde España.
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