Esta mañana, representantes del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM), de la provincia de Buenos Aires, llegaron al Juzgado Federal de Río Grande para repudiar las demoras que han existido en el tratamiento de la causa que investiga las torturas perpetradas a los soldados por sus propios superiores, en el marco de la guerra de 1982.
Es que la investigación, que fue abierta hace poco más de diez años, ha tenido escasas o nulas novedades. Más allá del trabajo de campo realizado, el Juez Federal de Río Grande no ha llamado ni siquiera a una indagatoria.
Ernesto Alonso, representante del CECIM, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y explicó por qué es importante que este organismo se sume a la defensa de los soldados: es que más del 50% del padrón de soldados que estuvieron en Malvinas residen hoy en Buenos Aires.
Críticas al juez Federico Calvete
Alonso, que participó de una reunión con la máxima autoridad del Juzgado Federal de Río Grande, Diego Spiloti, apuntó directamente al juez Federico Calvete, quien subroga en la ciudad y no estuvo presente hoy.
A él le achacó la falta de movimientos en la causa y pidió «que las indagatorias comiencen de manera urgente», ya que «no hay más tiempo que esperar».
«Tienen la obligación de devolverle algo de justicia a esos ex combatientes», resaltó Alonso, que además confirmó que en las próximas horas se reunirán con Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, que también se sumarán a la querella en la causa.
La causa
La mega-causa 1777/2007 titulada “Pierre Pedro Valentin, sobre torturas” que se tramita ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande investiga las torturas de los propios militares argentinos hacia los soldados durante la guerra de Malvinas.
La causa que inició en 2007, tiene más de 20 fojas, más de 120 denunciantes, 84 hechos probados y 80 militares de las Fuerzas Armadas denunciados pero no hay un solo imputado.
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