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Intimaron al Dr. Rapoport: «El Fiscal se equivocó en sus palabras»

El Dr. Gastón Díaz, representante de los titulares de la agencia allanada por la Policía Federal, se refirió a la acusación por calumnias contra el funcionario y amenazó con denunciarlo ante el Procurador General.

Este martes, los titulares de la agencia APRAR intimaron al Dr. Marcelo Rapoport, fiscal Federal en Río Grande, a que rectifique o ratifique sus dichos, luego de que el funcionario asegurara que la remisería «trabajaba» con el privado del AGP allanado, del cual se rescataron a seis mujeres.

El representante letrado de APRAR, Dr. Gastón Díaz, explicó en Radio Fueguina que «en ningún momento se sindicaron a las personas que pudieron tener participación», por lo que solicitó que el Fiscal exponga públicamente qué grado de participación pudieron haber tenido los trabajadores de la agencia.

Gastón Díaz, abogado de APRAR, en Radio Fueguina

«El Fiscal se equivocó en sus palabras», sostuvo Díaz, y amplió su requisitoria: «Si alguna persona utilizó el nombre de la agencia para involucrarse en una cuestión delictiva, desde la Fiscalía se debió haber indicado quién es esa persona».

«Es una calumnia»

Luego de los allanamientos, que incluyeron el secuestro de teléfonos celulares y planillas de la Asociación Permisonarios de Remis Auto Río (APRAR), el fiscal Federal Dr. Marcelo Rapoport aseguró públicamente que la agencia era «la remisería que trabajaba con el privado».

«Esto le generó un perjuicio en su imagen y se traduce en un perjuicio económico«, apuntó Díaz, quien a modo de ejemplo señaló que sólo en los cuatro días que la remisería permaneció «incomunicada» se perdieron cerca de 700 llamados.

Posible denuncia ante la Procuraduría

En caso de que finalmente el funcionario no se retracte, el abogado sostuvo que podrían llegar a denunciarlo ante la Procuraduría General de la Nación, organismo del cual depende la Fiscalía Federal de Río Grande.

Asimismo, habría presentaciones para que de alguna manera la empresa damnificada sea resarcida económicamente, tras el perjuicio monetario debido a las difamaciones.

 

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