La jueza federal María Servini de Cubría procesó a tres hijos del dirigente ultrakirchnerista Luis D’Elía por «nombramientos ilegales», por sus designaciones en distintos cargos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS ).
Uno de los tres procesados es Facundo D’Elía quien fuera empleado de la ANSeS en Río Grande y luego trasladado a la UDAI Tolhuin del organismo donde asumió como delegado. En tal condición se permitió nombrar como agentes a varios integrantes del su entorno familiar, encabezado por su suegro, el presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin Aníbal Cardozo.
La cadena de favores no terminaba allí, sino que la propia oficina donde funcionaba la delegación había sido alquilada por Facundo D’Elía a otro allegado de Aníbal Cardozo a un costo que los directivos de ANSeS consideraron abusivo y por ello, tras despedir a D’Elía, procedieron a su cierre definitivo.
Antes de la clausura, la oficina contaba con cuatro empleados, tres de los cuales eran familiares del núcleo familiar D’Elía-Cardozo.
Procesan a Facundo D’Elía y a sus hermanos también
Fuentes judiciales indicaron a DyN que los procesamientos alcanzan a Facundo, como así a dos de sus hermanos, Pablo y Luis D’Elía (h), a quienes la jueza les aplicó embargos a hasta cubrir la suma de 12.500 pesos para cada uno.
El delito que se les imputa no contempla penas de prisión pero sí multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos, según el artículo 253 del Código Penal.
También fueron procesados Julio César Casavelos, gerente General de Recursos Humanos de ANSES, y Paula Sabrina Torres, gerente de la Gerencia de Administración de Personal y Relaciones Laborales del organismo, por haber suscripto los contratos de trabajo.
El caso y los generosos salarios
El año pasado, el periodista Jorge Lanata reveló que los hijos de del dirigente de Miles por Tierra, Techo y Trabajo eran empleados en las Anses con importantes salarios. Según Lanata, Facundo Nahuel D’Elía, de 30 años, recibía en ese entonces 62.745 pesos mensuales en la UDAI Tolhuin, en Tierra del Fuego.
Por su parte, Pablo Emanuel D´Elía (32) trabajaba en una oficina de la misma Anses en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Allí percibía un sueldo de 44.365 pesos. En el mismo lugar trabajaba su hermana Aimé Belén D´Elía (28 años), quien cobraba 49.923 pesos por mes y pidió licencia apenas conocida la denuncia periodística.
Por último, Luis Ignacio D’Elía, de 23 años, estaba por entonces de licencia sin goce de sueldo, también en Virrey del Pino, con un sueldo nominal de 30.000 pesos.
Los hijos de D’Elía ingresaron a ANSES en 2008 bajo el Convenio Colectivo de Trabajo n° 305/98 que exigía tener título secundario. Tras la denuncia mediática, Ricardo Renom, titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas n° 4, presentó una denuncia para que se investigue el hecho.
Al mismo tiempo, en ANSeS se sustanció un sumario administrativo que derivó en el despido de los tres hermanos, en octubre de 2016.
Archivada y de nuevo activada
Tras la denuncia del Fiscal, el expediente había sido archivado por la jueza Federal María Servini de Cubría por «inexistencia de delito», pero fue reimpulsada ante la Cámara de Casación por el fiscal Germán Moldes.
Después del análisis de la documentación, la jueza Servini concluyó en segunda instancia que la contratación de los tres hijos de D’Elía se hizo en violación al convenio que obligaba a tener título secundario.
«Los antecedentes laborales que mencionaran los hermanos Pablo y Facundo D’Elía en sus respectivos currículos laborales no pudieron ser constatados a lo largo de la presente encuesta», sostuvo la magistrada.
Y agregó: «La falta de respaldo documental a la hora de presentar sus respectivos C.V. en tanto del análisis de los legajos personales no surge ningún tipo de acreditación, certificado o constancia que permitiera aseverar la experiencia informada, como así tampoco se ocuparon de acreditar dichas circunstancias a la hora de ofrecer sus respectivos descargos, limitándose únicamente a cuestionar la finalidad de la presente investigación».
En el expediente judicial se informa que tanto Pablo como Facundo «adeudan materias» del secundario y que Luis Ignacio «está cursando estudios secundarios».
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