El fiscal general Julio César Castro, designado ante un tribunal oral porteño, intentó ser juez de cámara federal en diciembre del año pasado. Castro contaba con una recomendación del Poder Ejecutivo a su favor, con una nota remitida al Senado en octubre por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Tenía en su currículum, por ejemplo, haber sido director de la UFISEX, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de violencia sexual y pornografía infantil, designado por el anterior procurador, Esteban Righi; Castro hasta dio conferencias en simposios y puntos como la Cancillería sobre, precisamente, combatir la violencia de género y abuso de menores.
Para llegar a juez, el fiscal general simplemente necesitaba que la Comisión correspondiente en el Senado, la Comisión de Acuerdos, presidida por el salteño Rodolfo Urtubey, tratase su pliego en sesión y lo aprobara, el mecanismo institucional correspondiente.
Castro se sentó ante la Comisión de Acuerdos en diciembre pasado en una audiencia pública: dos fuertes impugnaciones fueron leídas en su contra. Fue una audiencia tensa, cargada de confrontación, con el fiscal constantemente frotándose la frente.
La semana pasada, esas acusaciones que fueron elevadas en la audiencia le costaron finalmente el ascenso: sus más de 30 años de carrera en la justicia penal terminaron en un pozo de mugre.
La Comisión, integrada por nombres como Juan Manuel Abal Medina y Federico Pinedo, presentó el 31 de mayo su resolución sobre el pliego de Castro: el rechazo fue total. «El candidato no reúne la condición de idoneidad», aseguró el escrito de los senadores antes de remitir la notificación al Poder Ejecutivo.
Primera acusación
La primera acusación en su contra fue presentada por la senadora María Ester Labado y H., una ex empleada de Castro, su jefa de despacho en la fiscalía ante el Tribunal Oral Nº15. La empleada había elevado una fuerte denuncia contra Castro ante la procuradora Alejandra Gils Carbó en febrero de 2015, lo que disparó una investigación interna de la Procuración: habló de intimidaciones, acoso sexual, tormentos psicológicos, que incluso ocurrieron mientras la empleada estaba embarazada y de al menos otras cinco mujeres que sufrieron avances inapropiados similares.
Castro hizo su descargo en el Senado de cara a esta imputación: afirmó, insólitamente, que había buscado darle «contención» a su ex empleada. «Me parece que no nos entendimos», dijo el fiscal sobre su ex empleada ante la Comisión en diciembre, con figuras como Miguel Pichetto en la primera fila.
Quiso seducir a una menor
El abogado Pedro Brichta, cercano a Cristian Ritondo y ex candidato a diputado, lo impugnó por algo mucho peor: una serie de tuits que datan de 2014 y que «denotarían un inaceptable proceso de seducción de un hombre adulto hacia una menor de edad, circunstancia incompatible con las cualidades exigidas a un funcionario público, más aún cuando dicha persona alega ser especialista en temas relacionados a la explotación sexual infantil».
Es decir, de acuerdo a esta impugnación, el fiscal que estuvo a cargo de luchar contra la pornografía infantil contactó a una menor por Twitter para tratar de seducirla.
Castro, luego de cuestionar el color político de Brita -el fiscal se reconoció kirchnerista ante el Senado-, aseveró, lejos de negar el contacto virtual: «Esos tuits son muy mal interpretados, no hay ningún dato, no se pide nada, no sabía quién era la persona. Di una respuesta contundente, observen esos tuits y no hay nada que se pueda parecer a un acercamiento. Son seis mensajes en tres meses. Solo le dije cosas con respecto a una opinión que ella brinda. Nunca supe de dónde era, me enteré que es de La Banda de Santiago del Estero. No tengo nada que ocultar».
Castro incluso disputó que la joven santiagueña fuese menor de edad. Miguel Pichetto, mientras oía el monólogo del fiscal, se tapaba la cara con una mano.
Su ex lo acusó de violación
Hubo una tercera acusación que consideró el Senado en su decisión del 31 de mayo, una que no solo le costaría el puesto y la carrera al fiscal Castro: le costaría incluso la libertad. B., su ex pareja -una abogada de 30 años de edad, 24 años más joven que él- lo denunció ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema por violarla en dos ocasiones.
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