“No te hagas el picante, atendéme, las grabaciones que tengo te van a interesar”.
Los mensajes de texto en el celular del presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia no le dejaban lugar a dudas. Alguien estaba a punto de someterlo a un “apriete” de alcances todavía insospechados.
Juan Carlos Pino eligió no atender al desconocido que entonces buscó convencerlo de “la conveniencia de atenderlo” y le mandó “un adelanto” en formato mp3.
En el audio llegado vía WhatsApp, se podía escuchar a alguien que hablaba, con lujo de detalles, sobre supuestos manejos irregulares con los haberes de la institución, que podrían comprometer a Pino, afectando talvez su imagen.
El edil reconoció enseguida al que hablaba, un empleado de planta del propio Concejo, de apellido Pérez.
Entre el eventual costo político de ventilar el asunto y una inminente extorsión, Pino prefirió lo primero. Tras consultar a su asesor letrado, el abogado Gastón Díaz, se presentó ante el Fiscal Mayor Guillermo Massimi para exponer los hechos.
Era por entonces el 10 de marzo próximo pasado. Citado de inmediato por la Justicia, el empleado indiscreto reconoció que la del audio era su voz y creyó recordar que la conversación de marras la había sostenido con un empleado municipal, al que conocía por su nombre de pila, Lautaro.
Sentado frente al Fiscal, Pérez no mezquinó detalles: reveló que el tal Lautaro le pedía su mediación para ser trasladado por adscripción al Concejo y que de allí devino el resto de la conversación. “Te van a chupar el sueldo”, le advertía, paternal, Pérez.
Bajo secreto
Al revelar públicamente lo sucedido, tras casi dos meses de sigilosa investigación, Pino refirió que al momento de su denuncia “me fue peticionado por parte de la fiscalía mantener reserva a fin de realizar las correspondientes investigaciones, y así lo hice”.
Las investigaciones tuvieron un ritmo vertiginoso y los resultados altamente positivos. Las confesiones de Lautaro llevaron hasta un empleado de la Dirección Provincial de Energía, apellidado Vivas, y un tercer sujeto (quien estaría desocupado) de apellido González, que sería el autor de los mensajes y llamadas que Pino recibiera en su celular.
Allanamientos realizados en dos domicilios (uno en calle Chowen y otro en 12 de octubre, siempre de Ushuaia) derivaron en el secuestro de varios teléfonos celulares, aparatos de grabación y al menos dos computadoras y notebooks que fueron convenientemente peritadas y en las cuales se hallaron pistas de los mensajes y los llamados informados por el concejal. La labor dela Policía Científica de Ushuaia ha sido fundamental en este cometido.
La causa tiene, por ahora, un rótulo “Pino, Juan Carlos, s/denuncia” y un número de expediente, el 34534 y se tramita en el Juzgado de Instrucción de Javier De Gamas Soler.
En tanto Pérez ha declarado como testigo, los restantes, Lautaro, Vivas y González, han sido imputados y serían indagados la próxima semana, tras lo cual el Juez decidirá si los procesa y bajo qué acusación.
Los tres podrían quedar imputados de “extorsión en grado de tentativa”, aunque la querella buscaría que se les procese por asociación ilícita. Para ello habría que probar que han existido otros casos similares y que los elementos hallados permiten inferir que se estaba montando un verdadero laboratorio de escuchas ilegales con fines extorsivos.
Hasta las últimas consecuencias
“Voy a seguir la causa hasta su total esclarecimiento –se comprometió Juan Pino- considero que este accionar delictivo puede sucederle a cualquier vecino de la ciudad, sea o no funcionario público”. “He aportado todo lo que me fue solicitado por la fiscalía e incluso accedí al peritaje de mi aparato celular para que se extraiga todo lo que resulte importante para el esclarecimiento de este hecho”.
No sólo la causa penal, a los involucrados les espera un seguro sumario administrativo si quedan procesados, por tratarse (al menos dos de ellos) de empleados públicos, uno del Municipio de Ushuaia y el restante de la DPE.
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