El juez federal Enrique Lavié Pico dictó una medida cautelar que restringe la operación de remolcadores contratados por el Gobierno que fueron denunciados por realizar tareas en las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino, tal como prevé la ley 26.659.
Se trata de embarcaciones que se utilizan para asistir en puerto o en navegación a los buques que trasladan gas metano. Luego, por acción de las naves «regasificadoras» amarradas en los puertos de Escobar y Bahía Blanca, ese fluido es inyectado en la red domiciliaria.
Los remolcadores objetados por la Justicia habían sido adjudicados el año pasado en una licitación del Ministerio de Energía, que aceptó la participación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) llamada Logística y Servicios S.A, conformada por una agencia marítima y el gigante naviero Danés Maersk (a través de la subsidiaria Svitzer).
Empresas locales objetaron el resultado de la operación. Criticaron, por ejemplo, que la ganadora violó el pliego de la licitación porque al momento de la apertura de los sobres no tenía buques propios ni alquilados. Tal es así que se debió extender la operación del anterior concesionario hasta que la ganadora consiguiera los remolcadores necesarios. También cuestionaron las ventajas arancelarias a multinacionales en desmedro de los astilleros locales.
No obstante y en tiempo récord, las naves importadas sortearon todos los obstáculos aduaneros, impositivos, técnicos, laborales y merced a una aceptación gremial de los sindicatos del sector comenzaron a operar en condiciones salariales más laxas que las que la legislación laboral argentina exige a las empresas del mismo rubro.
Dentro del fárrago de presentaciones de todo tipo realizadas ante el Estado Nacional, especialistas en derecho marítimo encontraron un detalle que aparentemente pasaron por alto los funcionarios «especialistas» de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación a los que se les encomendó el seguimiento de los aspectos específicos de la contratación.
Operaciones en Malvinas
La única y real propietaria de las 11 unidades importadas en condiciones de excepción es la empresa danesa Maersk, una meganaviera propietaria de las naves AHTS Maersk Traveller y AHTS Maersk Pacer, que operaron como auxiliares en el transporte de la plataforma de exploración petrolera «Ocean Guardian» en las Islas Malvinas sin contar con la aprobación del gobierno nacional.
El miércoles, la Prefectura Naval Argentina fue oficialmente notificada de la prohibición en su carácter de autoridad marítima. Sin embargo, hasta esta mañana la medida judicial aún no se ha hecho efectiva «por razones de seguridad náutica» y porque aún no llegaron las naves sustitutas que deberán atender el servicio de los buques gaseros.
(Imagen ilustrativa)
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