Según informó El Argentino Zona Norte, la empresa Johnson & Johnson de Pilar hizo circular una polémica encuesta para conocer datos sobre la filiación política de sus empleados, en un claro avance con «desprecio por las normas y por los trabajadores” amparado en el discurso oficial claramente a favor de los empresarios.
La encuesta se dio el jueves pasado, y ante la reacción, el departamento de Recursos Humanos tuvo que dar marcha atrás: las preguntas que leyeron los 400 obreros consultaban si ocupan u ocuparon un cargo en algún partido político, si trabaja o ha trabajado “en los dos últimos años en el gobierno o en alguna de sus dependencias” o si fue “socio, dueño o accionista de algún cliente, proveedor o competidor de alguna de las empresas del grupo” o “de alguna empresa vinculada con el cuidado de la salud”.
El cuestionario les fue entregado en la planta ubicada en la Ruta 8, Km. 63.500, de la localidad pilarense de Fátima. La reacción de la CTA hizo que la empresa reconociera el ‘error’ y que se comprometiera a romper los cuestionarios ya contestados: “No sólo viola todas las leyes y la constitución, sino que además las preguntas son descabelladas para los operarios. Una vez más la empresa se presenta fuera de la ley, demostrando desprecio por las normas y por los trabajadores”, reflejó Jesús Humaño, titular de la CTA Pilar en un comunicado.
“Amparada en el discurso oficial, en contra de los trabajadores, pretende desarrollar relaciones laborales en un marco de absoluta desprotección, generándose situaciones de precarización y explotación, inadmisibles en el siglo XXI, el siglo de los Derechos Humanos”, agregó el escrito.
El texto de la central trabajadora lanzó el “más enérgico repudio” y exigió a la multinacional “cesar con tal actitud discriminatoria”. Según explicó Humaño, la intentona de obtener información “responde a la sindicalización” que se está gestando, como consecuencia de los niveles de precarización y tercerización del trabajo.
“Esta práctica, que podría tener más sintonía con la gerencia que con los trabajadores, en una clara persecución a la organización y la práctica política de sus trabajadores, que es totalmente legal”, finalizó Humaño en declaraciones al sitio.
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