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Chile ayudó a la empresa que hizo un megabasurero minero del lado argentino

Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial

Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando «Pino» Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el «megabasurero» no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.

Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suizaGlencore.

Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.

Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe «el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos»), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.

El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de «escándalo», no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.

Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años ’50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.

Antes de asumir, la ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente una empresa controlada por el Grupo Luksic.

Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. «Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio».

Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de «pecados»: no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.

En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.

Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.

No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.

Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.

Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. «Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???», escribió.