El diputado nacional de Cambiemos, el abogado Pablo Tonelli, defendió la redacción del artículo 85 de la ley de blanqueo de capitales y pago a jubilados y justificó la posibilidad de que algún periodista que divulga datos de los blanqueadores vaya a la cárcel. «Hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas», sostuvo el funcionario horas antes de otro recordatorio del Día del Periodista.
Ese apartado establece que «los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la AFIP, los declarantes del Título I de Libro II de la presente (ley) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal».
Asimismo, aclara que «los terceros mencionados precedentemente incurrirán en una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizada la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado».
En diálogo con radio Belgrano, el legislador del PRO fue consultado sobre el polémico artículo 85 del proyecto enviado por Mauricio Macri a la Cámara de Diputados la semana pasada, que según especialistas, atenta contra la libertad de prensa y de expresión, pero mostró sorprendido. «No lo sabía, no le he visto eso en la ley, tengo que verlo bien», dijo al inicio de la charla con AM 950.
«En principio la revelación de secretos alcanza a todo el mundo, en la medida que se conozca algo que no puede ser revelado, sea un magistrado o tercero», explicó el diputado, mientras leía a las apresuradas el texto.
Tonelli aseguró que si un periodista «se enterara circunstancialmente de algún dato secreto allí es donde aparece la obligación de preservarlo y no revelarlo» y advirtió que la obligación de callar«depende de qué información se trate y cómo haya llegado a su conocimiento».
Para el consejero de la Magistratura, «hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas».
El legislador macrista aclaró que el cepo informativo en este tema es «para todo el mundo» y defendió el castigo de hasta tres años de cárcel a los profesionales de prensa. «Si un periodista tiene acceso a un banco de datos personales, como el de la AFIP y eso lo revela, está incurriendo en un delito», señaló. «Tiene prohibición de acceder a bancos personales», justificó, aunque luego reconoció que «analizarán» el artículo.
«Escucharemos a quienes nos hacen sugerencias o nos pasen observaciones sobre proyectos de ley, sean otras legisladores o personas interesadas, lo discutiremos», anunció.
• Sin mordaza
En la vereda opuesta, el doctor en Ciencias de la Información, Martín Becerra, criticó duramente el artículo 85 y reclamó al Congreso una urgente modificación. «Es un artículo muy preocupante por una doble causa: por una parte penaliza y convierte en un crimen penal la divulgación de información, algo que pensábamos que en la Argentina que ya estaba desterrado», dijo sobre los antiguos delitos de opinión, que fueron eliminados del Código Penal, como en 2009 las figuras de calumnias e injurias para cuestiones de interés público. «Divulgar información ya no es un delito catalogado en el Código Penal y eso constituye un avance democrático elemental», sentenció el especialista.
Pero otro lado, Becerra también alertó por la multa pecuniaria que se aplicaría a los periodistas o divulgadores de datos sobre los blanqueadores. «La multa inhibe a dar información», dijo el investigador del Conicet. «(La multa es mayor) cuanto más gordo sea el pez sobre el que querés dar información», graficó.
«Para empeorar ese artículo 157 del CP, que se cita en el 85, solo alcanza a funcionarios públicos, no a periodistas. Tal como está redactado el proyecto no solamente los periodistas, sujetos o terceros que divulguen o reproduzcan información del blanqueo son pasibles de ser acusados por el Código Penal y multa económica, sino que además dice que todos los que estén involucrados en la divulgación por cualquier modo, o sea, alcanza a Google y Facebook«, advirtió.
El 157 impone «prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos».
En esa línea, el docente de la UNQ abogó por modificar la norma. «El modo bastante salvaje y rústico en que está redactado el articulo tiene un alcance desmedido. Espero que sea cambiado cuando sea debatido en el Congreso», afirmó.
Por ejemplo, esta ley podría penalizar a un profesional de prensa que publica en un medio una información que recibió de la propia confesión de un blanqueador de u$s 50 millones o de un familiares o colaborador arrepentido. «Quien blanqueó el dinero y eventualmente haya hecho lavado, cometido el delito, según esta ley no tiene drama, pero el periodista puede ser sancionado con 1 y hasta 2 años de prisión y tiene que poner u$s 50 millones», señaló.
Según Becerra, existen antecedentes en normas parecidas, aunque no con una feroz mordaza. «Hay leyes que procuran garantizar el silencio, pero no con este alcance. Se busca bloquear el silencio de la suma blanqueada como elemento de atracción para los blanqueadores», recalcó.
«Está bien que las leyes de blanqueo alcancen a todos los funcionarios donde se tramita información delicada, pero que alcance a terceros, que se los penalice y se les aplique una multa económica, es una exceso respecto de las leyes de blanqueo previo», concluyó.
El bloque del Frente para la Victoria también se opuso. «Es incostitucional, viola el derecho a la libertad de expresión y la libertad a informarse. Ese artículo demuestra que es una ley de blanqueo para los amigos. Todos los amigos del Gobierno están en la causa Panamá Paper y en la de HSBC y ellos van a a blanquear y no quieren que la gente se entere. Con esto se está buscando coartar la libertar de los periodistas a informar y de la gente a informarse. Vamos a trabajar para modificar este asunto», enfatizaron desde el kirchnerismo.
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