Una extensa investigación publicada en Télam da cuenta de la compleja red oculta de empresas y propiedades vinculadas a Lázaro Báez. Señala además a un lobbista político, de larga aunque escasamente visible trayectoria, como testaferro del empresario K.
El periodista fueguino y corresponsal de Télam en la provincia, Gastón Ramonet, develó en una profunda investigación realizada para el medio nacional las intrincadas maniobras realizadas por el empresario kirchnerista Lázaro Báez, que lo llevarían a ser titular de propiedades de todo tipo en Tierra del Fuego.
“Sin la magnitud de Santa Cruz”, destaca Ramonet, Lázaro Báez tuvo “un hombre de confianza que aparece ligado a la mayoría de sus negocios en la Isla: Alfredo Benjamín Zárate”, apodado Cano o Canito. Eterno lobbista político, Zárate habría llegado al entorno de Báez de la mano de José Américo Picone, empresario de Río Gallegos con quien integró la sociedad “MyP SA”.
A través de esta empresa, Luciana Báez (hija del empresario) terminaría comprando la primera de las propiedades de la familia en la Isla, un “edificio de dos pisos y 727,5 metros cuadrados de superficie adquirido en 150 mil dólares” ubicado en 25 de mayo 1475, en marzo de 2006.
En ese complejo, destaca Ramonet, “funciona la agencia de venta de autos usados Proyect One, uno de los dos emprendimientos visibles de Zárate en Río Grande”, quien habría quedado a cargo de la dirección de la figura societaria “Proyect One S.A” en julio de 2007.
El a todas luces “testaferro” de Báez en la provincia, quien según la investigación aparece inscripto ante la AFIP como prestador de servicios “de asesoramiento, dirección y gestión empresarial en sociedades anónimas”, también es señalado como titular de la sucursal local de la empresa de gomerías patagónicas “Servicio Integral Alem SRL”. Otros apéndices de la firma ya sufrieron allanamientos dictados por el juez Casanello, que investiga a Báez por lavado de activos.
Pero el rol de Zárate no se detiene ahí. La investigación de Ramonet para Télam destaca que “Servicio Integral Alem SRL también es propietaria de un local en la ciudad de Ushuaia, en la avenida Perito moreno 2065”, e incluso otras dos empresas lo vinculan al empresario kirchnerista: Badial SA y Hostería Petrel SA.
Allí, aparece una de las particularidades de esta compleja red: Badial SA y MyP SA comparten dirección con «Proyect One», en 25 de Mayo 1475. Por otro lado, «Proyect One SA» y «Hostería Petrel SA» tienen domicilio en la calle Thorne 765”. De este último edificio es dueño el abogado Carlos Andino y “funciona allí el estudio jurídico Lapadula y Asociados SRL, además de una escribanía”. En rigor, el estudio jurídico-contable de la familia Lapadula ya no existe en ese domicilio desde hace varios años, aunque algunas de las empresas siguen figurando en ese domicilio, conforme a los anacrónicos registros de la Inspección General de Justicia (IGJ). Integrantes de la familia Lapadula aclararon además a radiofueguina.com que la sociedad mencionada en la nota de Télam, “Lapabros Automotores S.A.” fue vendida en 2010 a terceros que cambiaron totalmente el directorio y hasta el nombre de la sociedad, aunque la IGJ tampoco habría dado por finalizado este trámite hasta la fecha.
Ramonet hace punta e investiga lo que aún no había llamado la atención de las autoridades: el alcance de los negocios del empresario más beneficiado por el kirchnerismo, en Río Grande y Tierra del Fuego. Según el fiscal Marijuan tendría 8 propiedades en suelo fueguino, además de importantes inversiones en el sector turístico en Tolhuin.
Estos emprendimientos en el centro de la Isla serían los más importantes de Lázaro Báez en territorio fueguino, aunque sus detalles seguramente serán motivo de una investigación posterior de la que podrían surgir más datos y nombres, con alcances insospechados.
Por ahora, en distintos informes, aparecen los ya referidos, además de las menciones a los exgobernadores Hugo Coccaro y Fabiana Ríos (esta última, reconocida como contratante de empresas del santacruceño desde su gestión al frente del gobierno fueguino) y el empresario ushuaiense Sanchez Posleman, quien sería propietario de una porción importante del mismo edificio que Lázaro Baez le alquila en parte a la Justicia Federal.
Nada de lo que se ha informado en este marco constituye en sí delito, vale la pena aclararlo. Sin embargo, el giro comercial y el origen de los fondos comprometidos son los que probablemente lleven a acusaciones penales, si es que no logran ser justificados por su causantes. De eso se encargará ahora la Justicia.
La ruta del dinero K llegó a Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Seguramente el fiscal Marijuan andará muy pronto por aquí. Y seguirán “saltando” nombres y datos, de empresas y de gente que preferirá no estar para la foto esta vez.
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