Durante la sesión ordinaria que se desarrollará este próximo jueves en el Concejo Deliberante, será tratado en el recinto el proyecto presentado por el edil Raúl von der Thusen que apunta a la protección de un importante sector de nuestra sociedad que se encuentra involucrada en una relación locativa, de forma de poder comenzar un largo trabajo destinado a eliminar los abusos que se darían entre locadores y locatarios.
En tal sentido el edil Raúl von der Thusen manifestó en Radio Fueguina que «este proyecto apunta a obligar a las inmobiliarias a incluir, en el contrato, una cartilla elaborada por personal altamente calificado en la que se enumeren los derechos de los inquilinos, en los temas que recurrentemente ensombrecen la relación entre las partes de un contrato de alquiler».
Por tal motivo, explicó que «temas como reparaciones, mes de depósito en garantía, comisiones inmobiliarias, indexación del precio del alquiler, resolución anticipada, y otros, son muchas veces motivo de abusos y conflictos, por lo cual debemos comenzar una larga carrera hacia la equidad y consideramos que la información es la piedra angular de cualquier solución».
Asimismo consideró que «la mejor manera de comenzar una política proteccionista de los inquilinos, es imbuir a éstos de información clara y precisa sobre sus derechos, ello anhelamos hacerlo a través de una cartilla que, con didáctica técnica, enumere los múltiples derechos que asisten al inquilino», dijo, al tiempo que agregó que «esta cartilla deberá integrar el contrato que las inmobiliarias confeccionan y del cual entregan una copia a cada una de las ellas».
Remarcó que «este es el comienzo de un largo trabajo, y desde luego que estamos prestos a escuchar a todos los actores de la realidad que pretendemos modificar, pero siempre con ánimo proteccionista del sector menos favorecido, que es aquel que tiene menos posibilidades de negociar».
Por último dijo von der Thusen que «si bien la Ley de Defensa del Consumidor no contempla en particular a los locatarios como consumidores, la protección se debe por mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional, porque allí no se encuentra limitado el concepto de consumidor y usuario, como si lo está en la Ley 24.240».
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