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Iniciaron Juicio de Residencia contra la ex gobernadora Fabiana Ríos

El ministro de Gobierno firma la denuncia que deberá investigar el Tribunal de Cuentas. La presentación se hizo a 3 días de caducar el plazo para denunciar a los funcionarios que dejaron el cargo el 17 de diciembre.

Faltando tres días para vencer el plazo que dicta la Constitución Provincial, el Gobierno de la Provincia presentó el pedido de Juicio de Residencia contra la ex gobernadora María Fabiana Ríos.

La presentación, que suscribe el ministro de Gobierno Gastón Díaz, se instó ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que ahora deberá llevar adelante la investigación correspondiente.

La denuncia viene a concretar en los hechos comentarios de días previos que hablaban de la posibilidad de la presentación, a lo que la propia Ríos contestó burlándose al decir socarronamente que  “les aviso que tienen tiempo hasta el 17 de abril para presentarlo”.

A pocas horas del plazo advertido por la ex mandataria, el gobierno decidió presentar el que se constituye en el primer Juicio de Residencia contra un ex gobernador en la historia de la Provincia.

El espíritu del Instituto previsto en la Constitución apunta a reclamar resarcimiento al Estado por eventuales daños al erario público por malversación, impericia o felonía. Ello, independientemente de las denuncias penales que pudieren corresponder si se comprueba, concomitantemente,la comisión de delito.

La nota presentada hoy en el Tribunal de Cuentas advierte que “venimos a formular denuncia por presunto daño patrimonial contra la gobernadora (mc) María Fabiana Ríos a través del Instituto de Juicio de Residencia previsto en el art. 114 y 190 de la Constitución Provincia y lo estipulado en las leyes provinciales Nros. 50 (art 49 y 76) y leyes 264, 619 y 856”.

Entre las varias causales que motivan la presentación, se hace referencia a gastos presuntamente irregulares que se habrían derivado de la implementación por decreto del llamado Registro de Organizaciones Sindicales por el cual se le dio reconocimiento gremial a la CTA aun cuando no cumplía los requisitos para ello.

En efecto, el 20 de abril 2009 se firmó el acuerdo de marras entre el por entonces ministro de Trabajo  Marcelo Echazú y la denominada CTA, liderada por un amigo de Ríos, Jorge Portel. El arreglo se justificaba en los papeles como “tendiente a reglamentar el fomento y fortalecimiento de los principios emanados de la libertad sindical” y se materializó en la concesión de subsidios, pago de licencias gremiales y otros ítems a una organización no reconocida por las leyes vigentes pero sí por el cuestionable “Registro de Organizaciones Sindicales” cuya derogación anunció esta semana por Radio Fueguina la gobernadora Bertone.

La falta de aptitud de la CTA para ser reconocida formalmente como entidad gremial con representación en la provicia queda claramente explicitada en el punto Tercero del acuerdo que puntualiza que los firmantes “auspician la participación en la negociación colectiva de las organizaciones sindicales que aún sin poseer personería gremial posean una representación mayoritaria en el ámbito a que refiera la negociación, y estén inscriptas en el registro de asociaciones sindicales”.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas refiere que el reconocimiento gremial sólo puede ser otorgado por el ministerio de Trabajo de la Nación y que toda ampliación “debe ser ejercida por la Legislatura atendiendo a las directivas emanadas de la Recomendación efectuada por la Organización Internacional del Trabajo – nº 159, pto. 1.2 – sobre la inconveniencia de la proliferación de organizaciones que cubra las mismas categorías de empleados públicos”

Cabe destacar que tal laxitud en la aceptación de organizaciones irregulares equiparándolas a entidades gremiales es lo que ha generado desde el 2009 una asombrosa proliferación de gremios ligados al sector público (serían diecisiete a la fecha) y consecuentemente de delegados y permisos gremiales que, según reveló el subsecretario de Asuntos Gremiales del Gobierno, José Luis Álvarez a Radio Fueguina tendrían un costo acumulado para el Estado provincial de más de quinientos millones de pesos anuales.