POSADAS. Siguiendo lineamientos impulsados por el Poder Ejecutivo de la Nación, el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Humberto Schiavoni, dispuso revisar contratos otorgados en los últimos años, de personas que no cumplirían tareas específicas, cobrando sueldos -en su mayoría- superiores a los $30.000 mensuales.
De constatarse su falta de transparencia, cesarán automáticamente tanto en Buenos Aires como en esta capital.
Es de señalar que Schiavoni venía manejando la Corporación del Sur en la Caba; además, continúa presidiendo el PRO a nivel nacional. Ya habría conversando con su par del Paraguay, con miras a que en el vecino país asociado a la mayor obra pública construida en la región, se adopten medidas similares.
Al conocerse la información difundida por medios locales y las redes sociales se conoció un festival de nombres. Entre ellos figuran la ex esposa y un hijo del conductor del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, funccionario acusado de encarar fuertes negocios privados utilizando dinerios del erario. También el de la esposa de un ex legislador nacional que actualmente se desempeña como secretario de la Legislatura misionera, quien también alquila una propiedad a Yacyretá cobrando $28.000 por mes, algo taxativamente prohibido.
Hay un caso que, de comprobarse, alcanzaría niveles escandalosos, sin precedentes aquí. Afectaría directamente a la cúpula del Poder Judicial. En efecto: un juez en ejercicio que anteriormente ofició de abogado del organismo argentino-paraguayo, cobraría por dos ventanillas. Lo haría como magistrado de la Justicia de Misiones y como letrado de Yacyreta, percibiendo más de $200.000 mensuales.
(diario La Nación)